La Inspección de Trabajo de Granada recibió órdenes de no investigar en el Plan de Empleo Rural

La Inspección de Trabajo de Granada recibió órdenes, con anterioridad a 1987, para que se abstuviese de investigar las anomalías derivadas del Plan de Empleo Rural (PER), según consta en un informe oficial sin firma en poder del juez que investiga el supuesto fraude. El escrito fue redactado tras una reunión de la junta consultiva de la Delegación de Trabajo de Granada, celebrada el 5 de noviembre de 1987, en la que se decidió arbitrar diversas medida para acabar "con irregularidades de difícil solución posterior".

El entonces director provincial del Instituto Nacional de Empleo (Inem), Rafael Arroyo Muñoz, justificó que los ayuntamientos cotizaran al régimen agrario trabajos propios del régimen general ya que, de otro modo, "decrecerá notablemente el número de jornadas a realizar, pues los jornales se regirán por el convenio colectivo de aplicación", lo que iría en perjuicio de "trabajadores y ayuntamientos".Según los documentos en poder de este periódico, hasta el 16 de junio de 1987, fecha en que el entonces subdirector general de Prestaciones del Inem, José Manuel Muñoz Peláez, comunica a su delegado en Granada los indicios del fraude, la Administración consintió una serie de prácticas anómalas. El informe citado, fechado el 1 de diciembre de 1987, relata pormenorizadamente las causas de las múltiples irregularidades observadas entonces en la aplicación del PER y el cobro del subsidio. Entre ellas se señala "el escaso control de la Inspección de Trabajo a la que en su momento se había indicado que debía abstenerse de entrar a comprobar los temas derivados del PER en los ayuntamientos".

Seguridad Social

El informe oficial reconoce que por lo general "se vienen abonando a los trabajadores que participan en las obras salarios agrarios, evitando con ello cotizar al régimen general de la Seguridad Social, y aumentar así el número de jornadas computables para el subsidio". También se da cuenta de que el grado de ejecución de las obras financiadas por el PER es "muy bajo" y que el Inem "no ha sometido a los proyectos de obras presentados por las corporaciones a las comprobaciones mínimas necesarias".Respecto a la actuación de empresas y trabajadores, el informe señala que la situación en Granada, con un alto grado de fraude, es próxima a la de otras provincias andaluzas". "La característica principal y negativa de esta provincia", continúa el informe oficial, "es el fraude institucional existente por la intervención de 40 o 50 ayuntamientos con firmas de complacencia por jornadas de trabajo agrícolas no realizadas como medio de que accedan con facilidad sus vecinos al subsidio de desempleo".

Entre las consecuencias del fraude, el informe señala que el número de subsidiados agrarios pasó de 18.200 que había en 1984, año de creación del PER, a 31.700 en septiembre de 1987. "El caso más sangrante es el de la localidad de Pinos Puente, que en gestión del anterior alcalde, el municipio pasó

de un colectivo de 900 trabajadores a 4.500".

A partir de ahí el documento recoge las instrucciones cursadas por el director general de la Inspección de Trabajo para controlar la percepción del subsidio y las consecuentes inspecciones.

El informe enumera las empresas y trabajadores controlados hasta el momento, 469 y 704, respectivamente, y añade: "Estas cifras se incrementarán en cuanto a empresas,y trabajadores a controlar, pues está previsto que sean un mínimo de 1.500 y 3.705". En el escrito se hace referencia a las acciones emprendidas por la Administración para atajar el fraude y se adjunta la copia del acta de la reunión celebrada el 5 de noviembre de 1987 por la junta consultiva de Trabajo.

En el acta se reconoce que la naturaleza de los trabajos que se hacen con cargo al PER corresponden al régimen general de la Seguridad Social, pero que se cotizan al régimen agrario para evitar gastos. Esta práctica hace que el problema que genera "pueda ser muy importante". A esta exposición, el director provincial del Inem replicó: "Si todas las obras con cargo a subvenciones del PER se realizan mayoritariamente por el régimen general decrecerá notablemente el número de jornadas a realizar... No obstante reconoce la irregularidad de la situación".

Como consecuencia de esta reunión, el entonces director provincial del Ministerio de Trabajo, Emilio Rodríguez Labella, paralizó las nuevas afiliaciones de los ayuntamientos en tanto no se comprobase su legalidad. Por su parte, la Delegación del Inem se comprometió a que se aplicaran los convenios en vigor según la naturaleza de los trabajos.

[El ex alcalde de la localidad granadina de Villamena, José María Ruiz Almendros, uno de los investigados por el presunto fraude al PER, no compareció ayer a declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 6 de la capital, según informa la agencia Servimedia].