Intra suspende pagos con unas deudas de 30.000 millones y 10.000 inversores afectados

La Corporación Financiera Intra, presidida por José Miguel Serrano Goyría, presentó ayer voluntariamente en el Juzgado de Primera Instancia de Santander suspensión de pagos. La decisión estuvo precedida un día antes con la suspensión de la cotización bursátil de la entidad al no poder atender el vencimiento de los pagarés emitidos por la empresa. La suspensión afecta a 10.000 accionistas y unos 1.000 acreedores entre bancos y particulares.

Además de Intra, también suspendió pagos la sociedad de cartera del grupo Sergoysa (Serrano Goyría Sociedad Anónima). Intra presentó un pasivo de 18.400 millones de pesetas mientras Sergoysa lo hacía por un total de 12.000 millones frente a un activo total de 36.000 millones de pesetas, lo que refleja una diferencia a favor del activo de 6.000 millones de pesetas.La familia Serrano Goyría, cuyos portavoces han preferido mantenerse en la retaguardia y no dar señales de vida, decidió, a la vista de las cifras, presentar la suspensión de pagos. Dicho acto se produjo en la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia de Santander, donde están domiciliadas ambas sociedades, actuando de procurador el decano del Colegio de Procuradores de Cantabria, Dionisio Mantilla.

La decisión sorprendió en algunos medios financieros que esperaban que el empresario santanderino negociara un acuerdo de acreedores sin necesidad de llegar a la suspensión, que afecta a unos 10.000 accionistas particulares. Los Serrano, no obstante, controlan más del 60%. Los bancos que tienen concedidos créditos a los Serrano Goyría son, principalmente, el Central, Pastor, Urquijo Unión, Atlántico, Banesto, Exterior y Zaragozano. A ellos hay que añadir un millar de pequeños acreedores.

Destaca la ausencia del Banco Santander entre las entidades financieras que han dado crédito, ya que los Serrano Goyría son los segundos accionistas del banco cántabro tras los Botín. Su participación se sitúa en torno al 1,5% del capital, cuya adquisición comenzó en tiempos del fundador de la saga, propietario de una cordelería en el santanderino paseo de Pereda. El mayor de los Serrano Goyría, José Miguel, ha tenido buenas relaciones con Emilio Botín, padre, al que asegura ver con cierta frecuencia. No obstante, durante la oferta pública de adquisición de acciones presentada (OPA) por Intra sobre Lemona, el Banco Santander se quedó al margen de la operación.

La pequeña fortuna que invirtió el primer Serrano, padre de los propietarios de Intra, en el Santander fue creciendo hasta convertirse en los cerca de 8.000 millones de pesetas que vale actualmente en el mercado su participación. Posteriormente, el grupo fue creciendo en el sector inmobiliario, a través de varias sociedades, y en el de transporte por carretera, a través de Turytrans. También creó la sociedad de cartera Sergoysa. José Miguel Serrano, además, ha contado con una asesoría, cuestión en la que cuenta con una gran experiencia. De hecho, en su larga vinculación a la empresa Electra de Viesgo, controlada ahora por el Santander, se destacó como financiero.

La suspensión de pagos de la sociedad cántabra, que basa su negocio en los inmuebles y transportes que da origen al nombre de Intra, despertó cierta inquietud en el mercado, pues muchos observadores creían que podría llegar a negociar un acuerdo de acreedores. No obstante, el riesgo adquirí do para realizar compras en empresas como Cementos Lemona y FAES habían levanta do sospechas sobre el futuro empresarial del grupo. La caída de la bolsa en más del 20% acabó de hundir, según fuentes sectoriales, la estrategia de los Serrano Goyría, que se vieron obligados a vender prácticamente al mismo precio al que habían comprado.

Esa circunstancia no permitió recuperar la inversión, realizada en gran parte mediante crédito. Los bancos que habían concedido créditos habían recibido como aval acciones del grupo en diversas empresas como Lemona y el propio Banco Santander, que ahora, al estar pignoradas, le dejan a la entidad crediticia en cuestión la posibilidad de negociar al margen de la suspensión en caso de que dichas acciones no estuvieran escrituradas en el contrato de crédito. Fuentes de los acreedores han asegurado que las acciones pignoradas superaban el crédito.