Integración vasca

TRAS LA renuncia por parte de los socialistas a integrarse en un Gobierno vasco tripartito, con el PNV y Euskadiko Ezkerra (EE) como socios, la fórmula de concentración nacionalista propugnada durante la campaña electoral por el líder de Eusko Alkartasuna (EA), Carlos Garaikoetxea, aparece ahora como la más posible. De confirmarse esa hipótesis, significará que el partido de Arzalluz y de Ardanza, claro vencedor en las elecciones autonómicas de octubre, ha sido incapaz de articular cualquiera de las dos combinaciones que consideraba más deseables, y en las cuales figuraba el PSE-PSOE como socio principal. Al margen de cualquier otra consideración, es preciso reafirmar la obviedad de que un Gobierno integrado por el PNV, EA y EE no sólo es perfectamente legítimo, sino acreedor a la misma consideración institucional y cooperación por parte del Gobierno central que otro que hubiera podido formarse de acuerdo con los resultados electorales.En su discurso de fin de año el lehendakari Ardanza aseguró que, cualquiera que fuera la composición del Gobierno, no habría vuelta atrás respecto a los logros de la anterior legislatura. El acuerdo suscrito por todos los partidos democráticos -tras las reiteradas amenazas de los terroristas y sus amigos contra la autovía Guipúzcoa-Navarra- para cerrar el paso a las alcaldías y diputaciones de los representantes de HIB parece indicar que el logro sustancial del periodo 1986-1990, el pacto contra la violencia, está asegurado. Y no sería justo hacer depender las garantías de continuidad de esa política de la presencia o no de los socialistas en el Ejecutivo.

Sin embargo, otros efectos beneficiosos para la convivencia derivados de la cooperación entre nacionalistas y no nacionalistas durante estos cuatro años sí podrían correr riesgos. La pretensión por parte de los negociadores del PNV de que su triunfo electoral implicaba la necesidad de marcar nuevos objetivos nacionalistas -es decir, de forzar los límites del Estatuto de Gernika- contradice la voluntad de estimular la integración de la población en torno al consenso estatutario.

El conocimiento de la letra pequeña del acuerdo de gobierno suscrito por el PNV y EE-desarrollo sectorial del texto pactado en diciembre y sometido a la consideración de los demás partidos- refuerza los temores sobre una recaída del nacionalismo en algunos de los rasgos sectarios que lo caracterizaron en el pasado. No sólo se condiciona el acuerdo a la aceptación de una interpretación del estatuto dudosamente constitucional, sino que en terreno tan delicado como el de la integración cultural y lingüística se plantea una batería de propuestas difícilmente compatibles con los principios de igualdad y seguridad jurídica de los ciudadanos. Y sobre esto no cabe ambigüedad alguna. En Euskadi, todos los ciudadanos pagan sus impuestos, pero sólo uno de cada cuatro -como máximo- es capaz de hablar y entender el euskera.

Ninguna forzada argumentación sobre medidas compensatorias autoriza a ignorar esa realidad. El hecho de que exista una situación desfavorable del euskera respecto al castellano no justifica que los poderes públicos establezcan una situación desfavorable para quienes no dominan la lengua vasca. La pretensión de eliminar de la enseñanza a todos los docentes que no sean al menos capaces de mantener una conversación en euskera con sus alumnos no sólo es voluntarista, sino injusta. Y las consideraciones sobre la participación del Gobierno en la "intensificación del compromiso individual" de los ciudadanos con el euskera, sobre la euskaldunización forzada de los funcionarios -incluyendo ertzainas o personal sanitario-, o sobre experiencias piloto de bilingüismo en diferentes ámbitos administrativos y privados, revelan un intervencionismo sobrepasado. Nada conspira tanto contra la autonomía como la discriminación de los ciudadanos en nombre de la ideología.