El juez inculpa a la dirección de Catalana de Gas por uno de los siniestros de Barcelona

El juez Joan Emili Vilà considera que Catalana de Gas tiene responsabilidades en la explosión por fuga de gas natural registrada en el inmueble del número 111 de la calle del Comte de Borrell, de Barcelona, siniestro ocurrido el 5 de diciembre en el que falleció la inquilina del 2º 2ª, María Martí, y otras dos personas. El magistrado ha inculpado al presidente del Consejo de Administración y al director técnico de la compañía, Pere Grau y Josep Isern, respectivamente, y a otras cuatro personas. Ésta es la primera decisión judicial sobre las tres explosiones por gas ocurridas en Barcelona en 17 días.

La primera resolución judicial sobre este siniestro contrasta con las opiniones expresadas tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona, instituciones que han coincidido en exculpar y defender a la compañía suministradora de gas. La propia empresa había negado, en las comparecencias de sus responsables ante el juez, tener cualquier responsabilidad por la fuga.El juez ha tomado la decisión de inculpar a los dos máximos responsables de la compañía tras examinar todas las declaraciones y los dictámenes periciales presentados. Los ahora inculpados han declarado ya dos veces ante el magistrado Vilà. La primera en calidad de testigos y una segunda con la presencia de sus abogados y con la previa lectura de sus derechos. La del presidente de la compañía se produjo el pasado sábado, sin que hasta ayer trascendiera el hecho, una vez levantado el secreto de las diligencias judiciales.

El magistrado ha considerado que existió falta de control por parte de Catalana de Gas en las incidencias registradas en el domicilio donde se produjo la fuga, concretamente en el tubo de conducción del gas y en el estado de la cocina de la vivienda de María Martí, donde se detectó una fuga. Asimismo, el magistrado entiende que el cambio de gas manufacturado por natural en el piso donde se originó la tragedia se hizo sin contar con las garantías necesarias, según fuentes de la fiscalía.

En febrero de 1989, dentro del plan iniciado para el cambio de gas de ciudad a natural, la cocina del piso 2º 2ª fue revisada por técnicos. En esta inspección se detectó una irregularidad en la goma de conducción del gas a la cocina de un sólo fogón, el único aparato de la vivienda que usaba este combustible. Sin embargo, los operarios no precisaron el tipo de anomalía ya que podía ser que el flexible estuviera caducado o agujereado. La anomalía consta entre los datos que posee Catalana de Gas sobre el domicilio. La compañía, al parecer, confió en que la inquilina se pondría en contacte con un instalador oficial para el cambio de la goma defectuosa, aunque la realidad es que Catalana de Gas nunca recibió la notificación del cambio, requisito que tienen que cumplir los instaladores. Esta falta de notificación ha sido reconocida por la compañía.

Mientras, la inquilina siguió con suministro de gas. En noviembre de 1989 técnicos de Catalana de Gas procedieron al cambio de gas en el domicilio de María Martí. Los operarios precintaron la cocina del piso al observar una fuga en el fogón, pero no hicieron mención alguna del estado de la goma. Uno de los técnicos que realizaron el cambio declaró ante el juez que no tenían los datos de la inspección efectuada meses antes y que ignoraban el estado del flexible que, según los informes, fue el lugar por donde se produjo la fuga que provocó la explosión.

El juzgado no dispone de ningún dato que señale el cambio del flexible entre la inspección y el cambio de gas y tampoco con posterioridad al mismo. En esas condiciones, la companía siguió suministrando gas al domicilio de María Martí, tal como pone de manifiesto la lectura del contador, y en ningún momento optó por el corte del servicio.

A lo largo de los interrogatorios, el juez ha incidido especialmente sobre el sistema que utilizó Catalana de Gas para realizar la reconversión de gas ciudad a natural. Por ello, el juzgado ha requerido a la compañía que aporte toda la información sobre el plan utilizado para el cambio de gas que ha afectado a unos 900.000 usuarios.