Nochebuena en la fábrica

Esta noche habrá luz en la fábrica de camisas lke de Gijón. Más de veinte familias cenarán junto a maquinaria abandonada, con luz industrial, sin agua ni calefacción. Pero no será la primera vez que comen y duermen en estas condiciones. Desde el pasado verano, cuando rescindieron el contrato a las 277 personas que integraban la plantilla, 180 trabajadores decidieron mantener una postura de fuerza hasta que la Consejería de Industria del Principado de Asturias les dé una solución, "ya que ellos tomaron cartas en el asunto con dinero del contribuyente", afirman.

"Somos ya como una gran familia; dentro del encierro surgen cosas maravillosas", explica Rosi, una de las 177 mujeres que participan en el encierro. Los maridos están en casa mientras la mujer está aquí", explica con entusiasmo y cuenta cómo han aprendido a vivir y a conocerse en la fábrica. Mientras algunas enseñan a andar y a hablar a sus niños más pequeños, otras, "que entraron a trabajar aquí cuando tenían doce o trece años", aprovechan para hacer los deberes y poder sacar el graduado escolar antes de pasar la barrera de los 40 años.Confecciones Gijón ésta es la razón social de la compañía- tiene una deuda contraída con el Banco de Crédito Industrial, otras entidades financieras, Hacienda y Seguridad Social que asciende a 2.800 millones de pesetas. El próximo día 26 saldrá a subasta en Madrid por un precio de salida, dicen las trabajadoras, de 50 millones de pesetas. El grupo que la adquiera sólo dará trabajo a un centenar de personas. Las trabajadoras exigen un "empleo digno" para cada uno de los 277 afectados. Y si no pueden recolocar a todas, que se incentiven las bajas voluntarias o se den jubilaciones anticipadas.

Simón González, director provincial de Trabajo de Asturias, afirma que no pueden compromoterse a recolocar a los 70.000 parados con los que cuenta el Principado de Asturias. Pero las trabajedoras de los sindicatos Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y Unión Sindical Obrera (US0) mantienen sin desfallecer su encierro y legitiman su reivindicación afirmando que "fue la Administración la que tornó cartas en el asunto con dinero del contribuyente".

La empresa empezó a agonizar en 1984, cuando agotó su capacidad de endeudamiento con entidades financieras y proveedores. Entonces entró en el Plan de Reconversión Textil del Ministerio de Industria y la Consejería de Industria de esta comunidad uniprovincial toma las riendas del tema comienza una lluvia de subvenciones (72,3 millones), beneficios fiscales y 550 millones en forma de avales, según informa el comité de empresa, que no consiguieron evitar que la que fuera una rentable y moderna empresa en los setenta comenzara su declive.

En los ochenta comienzan a perder mercado, la cartera de pedidos empieza a menguar. El mercado de las camisas ha dado un giro radical en esa época, y Confecciones Gijón no sabe adaptarse. Mientras tanto se repiten las reducciones de plantilla. De 537 empleados en octubre de 1982 a 277 antes del pasado 15 de Junio, cuando se rescindieron todos los contratos.

En 1988, la consejería lleva a cabo una cura de urgencia con ayuda de un empresario. Se crea una distribuidora, y la fábrica queda como entidad productora. La distribuidora tiene 50 millones de capital, 30 de los cuales son capital privado y 20 son de la Administración, que invierte 250 millones más, y los empresarios particulares, otros 40 millones. Al cabo de año y medio, la distribuidora quiebra con unas deudas de unos 500 millones, y el empresario abandona el proyecto. "La Administración era empresario, además no se tomaba una decisión sin que pasara por la consejera de Industria, Mari Paz Fernández", dice Bernardina, la trabajadora encargada de los temas de finanzas. Por ello, asegura, "tienen el deber de darnos una salida y no dejarnos tirados en la calle después de meter tantos millones aquí".

Después vino un acuerdo propuesto por el Principado que es aprobado durante el pasado otoño por CC OO y UGT, pero no es aceptado por la Corriente Sindical de Izquierdas y la USO, que consideran que ese acuerdo no da garantías de recolocación.