Los afectados por la subida de precios de Sánitas dicen que acudirán a los tribunales

La Coordinadora de Afectados de Sánitas convocó ayer una asamblea para los clientes de esta sociedad de seguro médico que se oponen a la drástica subida de precios prevista por la compañía para enero de 1991. Los representantes, asesorados por la Unión de Consumidores de España, aseguraron que esta subida no ha sido legal por no haber cumplido los plazos oficiales de preaviso a los clientes, por lo que han amenazado llevar el tema hasta los tribunales "si fuera necesario". También piden una reunión con la empresa "que no sea meramente informativa".Más de 250 personas, ancianos en su mayoría, se reunieron ayer en el pabellón docente del hospital Gregorio Marañón para elaborar una acción conjunta que haga frente al Incremento de precios y hacer un llamamiento a los clientes de otros puntos de España para que se unan a esta oposición.

Carlos Jaldó, portavoz de la coordinadora, señaló que la forma utilizada por esta empresa para comunicar a sus clientes esta subida "no es la correcta legalmente". "Se ha de hacer dos meses antes a través de una carta por correo certificado con acuse de recibo. Ahora hay clientes que no han recibido esta notificación, por lo que no tienen obligación de tener conocimiento de las nuevas condiciones de su contrato. La gente debe calmarse y saber que porque no envíen la contestación a Sánitas sobre si aceptan las nuevas tarifas no tienen por qué dejar de recibir las prestaciones, al no existir constancia de que hayan recibido el aviso".

La coordinadora ha pedido además que el incremento se realice de forma gradual "e igual para todos". El mayor peso ha recaído sobre las personas que cuentan entre 60 y 65 años, para quienes se ha duplicado la tarifa. Además, las mujeres pagan más que los hombres hasta los 46 años.

"Pedimos que las tarifas se mantengan como las actuales al menos durante 1991, porque esta subida tan brusca es un abuso. Las compañías de seguros, además de buscar una rentabilidad, deben tener en cuenta la labor social que realizan, especialmente los seguros médicos", dijo Jaldó. "La Administración debería actuar en casos de abusos flagrantes como éstos, igual que se controlan los aumentos de precios para los seguros de coches", concluyó Jaldó.