Interior, dispuesto a hacer cambios "importantes" en el anteproyecto sobre seguridad ciudadana

El subsecretario del Interior, Santiago Varela, manifestó ayer que el anteproyecto de ley sobre seguridad ciudadana (véase EL PAÍS de ayer) "es un texto abierto en el que caben importantes modificaciones, tanto por sugerencia del Consejo General del Poder Judicial como por la futura discusión que haga el Consejo de Ministros y por acuerdos con los grupos parlamentarios. El anterpoyecto, que entre otras cosas contempla la posibilidad de detención durante seis horas sin orden de un juez, fue criticado ayer por colectivos judiciales y policiales. El defensor del pueblo, Alvaro Gil Robles, lo cafificó de "inquietante".

Santiago Varela indicó que Interior está dispuesto a reconsiderar el mantenimiento de la figura que se introducía en el texto y posibilitaba la entrada en domicilios sin previo mandato judicial ni consentimiento del afectado. Varela aseguró que esta novedad de la ley se basa en la doctrina emitida en distintas sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la legalidad de la entrada de agentes en domicilios ante supuestos de casos de extrema necesidad, informa Francisco Mercado.Varela apuntó que, además, el Tribunal Constitucional había precisado también que a efectos de entrar en domicilios por agentes no debe considerarse como tal la parte de la vivienda donde se desarrolla una actividad laboral, como puede ser un despacho o una consulta médica.

No obstante, Varela insistió en su voluntad de aparcar este punto del anteproyecto, "que no es estrictamente necesario". De igual manera, el subsecretario de Interior afirmó que la futura ley no pretende establecer una figura de detención sin orden judicial durante seis horas, sino un mero mecanismo de identificación durante el tiempo que sea preciso para cumplir este trámite.

El subsecretario afirmó que este procedimiento no sería, en ningún caso, un endurecimiento de las condiciones de detención en España. "Actualmente la policía puede, según la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, detener a un ciudadano sin orden judicial durante 72 horas".

Libertades individuales

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rodrigo Rato, indicó ayer, acerca del anteproyecto, que cualquier ley debe tener como límite las libertades individuales previstas en la Constitución. Añadió que hay que darle al ciudadano honrado la seguridad de poder salir a la calle y de que, cuando llaman a su puerta, "se trate del lechero y no de alguien que irrumpe en el hogar sin ningún tipo de control judicial".Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Eduardo Martín Toval, declaró que ni el Gobierno ni el PSOE establecerán medidas que contradigan las previsiones constitucionales. Martín Toval indicó a un grupo de periodistas que "lo que hay que hacer es esperar con tranquilidad y no darle a cualquier papel -como calificó al anteproyecto- la valoración de dogma y de algo que va a ir a misa sin más".

Abogados y asociaciones profesionales de magistrados manifestaron su oposición al anteproyecto de ley del Ministerio del Interior. El portavoz de la asociación de magistrados Francisco de Vitoria, Vicente Ortega, declaró a Europa Press que el conocimiento que tenía de ese anteproyecto, a través de los medios de comunicación, "no me lleva una valoración positiva del mismo, ya que no podemos valorar de forma positiva la pretensión de crear instituciones que puedan recordar a un estado policial".

Ventura Pérez, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló que su opinión sobre este anteproyecto, que sólo conocía por informaciones periodísticas, le parecía un "texto impresentable, porque recorta los derechos de los ciudadanos y atribuye a la policía una enorme cantidad de competencias que hasta ahora no tenía". Ramón Arriba, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, declaró a Europa Press que el anteproyecto, que no le había sido remitido por el Ministerio del Interior -como al resto de las asociaciones- no plantea ningún problema en lo que se refiere a la detención para identificación de una persona sospechosa de haber cometido un delito.

Derechos

Por otro lado, el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, defensor entre otros de Carlos Goyanes, manifestó que, aunque sólo conocía la noticia por los medios de comunicación, "me parece que ese anteproyecto es claramente inconstitucional, porque supone la restricción de derechos fundamentales de la persona, como la libertad de movimiento o la inviolabilidad del domicilio, sin que todo ello esté justificado".Fernando Salas, que ejerce la acción popular en el llamado caso Amedo, declaró que el anteproyecto le parecía una "auténtica barbaridad y contrario a la Constitución, y va en la línea de recortar garantías individuales".

Los sindicatos policiales también criticaron el anteproyecto de Interior, informa Efe. Un portavoz del Sindicato Unificado de Policía dijo que era "el producto de una mente primitiva", mientras que el Sindicato Nacional de Policía lo tachó de "inconstitucional" y el Sindicato Profesional de Policía Uniformada de "asustante".