"Convocaré un referéndum consultivo si el acuerdo con la CE no es aceptable"

C. MARTÍN, El próximo día 19, según está previsto, la Comisión Europea dará a conocer su postura. A partir de ahí se abre la fase definitiva de negociaciones España-Bruselas. La presente semana es considerada fundamental para allanar terreno. El pasado viernes cuatro consejeros del Gobierno canario (Economía, Hacienda, Agricultura e Industria) se reunieron en Madrid con el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Pedro Solbes, para analizar los últimos documentos. Durante los primeros días de esta semana, los mismos representantes mantendrán contactos con funcionarios destacados de la CE.

En esta entrevista concedida a EL PAÍS, Olarte Cullen se queja de que el Gobierno central ha tenido a veces un trato "colonial" con las islas.

Pregunta. Si el acuerdo final entre España y la CE no es satisfactorio para Canarias, ¿cómo piensa actuar?

Respuesta. Nos veríamos obligados a reconsiderar la decisión que adoptó nuestro Parlamento.

P. Para ese caso, algunos partidos de la oposición de izquierda y organizaciones empresariales proponen un referéndum...

R. Desde el principio no estuve de acuerdo con las tesis de quienes propugnan el referéndum para ratificar aquel acuerdo. Ahora bien, si la posición de la CE alterara la propuesta canaria en términos tales que a mi juicio resultara inaceptable para Canarias, personalmente defendería la fórmula del referéndum consultivo. Así lo manifesté a los presidentes González y Delors.

P. ¿Fueron razones políticas o económicas las que justificaron la petición canaria de un cambio de modelo de integración?

R. El protocolo actual ha provocado graves daños a sectores como la pesca y la agricultura, principalmente. Pero también había una razón política de primerísima magnitud: Canarias no puede permitirse el lujo de perder el tren europeo. No obstante, el deseo de integramos en Europa no puede justificar que la contrapartida sea el hundimiento de nuestro futuro.

Sector agrario

P. Paradójicamente, el sector agrario, primer beneficiarlo del nuevo estatuto que se pretende, está ahora preocupado por el futuro incierto del plátano...

R. Comparto y comprendo esa preocupación. Hoy Canarias tiene garantizada la reserva del mercado nacional para el plátano hasta 1996. El nuevo estatuto comunitario debe mantener esta ventaja hasta tal fecha o hallar soluciones alternativas respecto al plátano procedente de terceros países. Se nos debe garantizar, en todo caso, el derecho de preferencia comunitaria.

P. El Parlamento regional ha solicitado la caída de los muros a la exportación (contingentes y precios de referencia). Pero, también, quiere seguir importando a precios internacionales, libres de impuestos. ¿Por qué cabe esperar tales concesiones de la CE?

R. Canarias, como otras regiones archipielágicas alejadas del continente europeo, debe tener un trato, diferencial que reduzca sus desventajas geográficas. Este criterio está plasmado expresamente en el artículo 138 de la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía, al exigir la aplicación de un trato diferencial a Canarias con respecto al resto de España en razón de la lejanía y la insularidad. Pero el Gobierno español es bastante insensible al respecto.

Trato colonial

P. ¿Quizá el resto de España no vea la razón de ese trato de favor para los canarios?

R. Comprendo y lamento que un andaluz, por ejemplo, no lo entienda; que no se repare en que en Canarias, a través del pago de nuestros impuestos, pagaremos la factura de las cifras astronómicas de inversiones en el tren de alta velocidad o la red de cercanías que jamás utilizaremos (en Canarias no hay trenes). Pero me indigna contemplar, entre otras incomprensiones del Gobierno de don Felipe González, que no se incluya una partida aceptable en los presupuestos para subvencionar el transporte entre las islas y el resto de la patria, en donde quiero estar inmerso siempre, pero jamás como una colonia.

P. ¿Qué opinión le merece el trato que da el Gobierno de la nación a Canarias?

R. A veces el Estado español ha tratado a Canarias con menos sensibilidad que si se tratara de una colonia medianamente conflictiva.

P. Se refería usted a la cuestión clave de la insularidad. ¿Qué compensación corresponde al Estado y a la CE por este concepto?

R. El hecho insular supone un mayor coste de casi todos los servicios públicos en relación con un territorio continuo. Eso ocurre en transporte, comunicaciones, energía, etcétera. La compensación debe ser tal que equipare ambos costes, los del territorio insular con los del territorio peninsular. La insularidad debe contemplarse en todos los análisis que se hagan desde la CE sobre la comunidad canaria. De no ser así, nada será eficaz.