González consultaría con el Congreso una implicación mayor en la crisis del Golfo
El presidente del Gobierno, Felipe González, manifestó ayer a los portavoces de los grupos parlamentarios que la resolución 678 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza el empleo de la fuerza contra Irak si no se retira de Kuwalt antes del 15 de enero, no altera las decisiones y compromisos ya adquiridos por el Gobierno español en relación con este conflicto. El presidente del Ejecutivo reiteró su propósito de consultar al Parlamento le adoptar cualquier decisión que suponga un mayor grado de implicación de España en la crisis.González se esforzó por transmitir ayer, a informadores y políticos, un mensaje de cauto optimismo en torno al desarrollo de la crisis, subrayando que la resolución de la ONU abre un "compás de espera". Añadió que, debido a la iniciativa del presidente de EE UU, George Bush, de entablar conversaciones directas con Irak, "la esperanza de una salida pacífica es hoy mayor que hace 10 días".
Felipe González no precisó cuál sería la actitud del Gobierno ante la posible desobediencia del líder iraquí ante el ultimátum de la ONU. "Ningún Gobierno responsable debe hacer futuribles. El 16 de enero, ya veremos", aseguró el presidente, que se mostró partidario de que la CE tomase iniciativas para la pacificación. En la hipótesis de una guerra, las naves españolas destacadas en la zona no volverán, dijo González. "Habrá que seguir cumpliendo
las condiciones del embargo, que es para lo que están allí los barcos", recalcó.
La mayoría de los portavoces parlamentarios -asistieron Eduardo Martín Toval por el Grupo Socialista, José María Aznar por el Popular, Adolfo Suárez por el CDS, Julio Angui ta por IU, Miquel Roca por el Grupo Catalán e lñaki Anasagasti por el Grupo Vasco- asu mieron de buen grado la ambigüedad del 'efe del Ejecutivo en cuanto a la actitud española en caso de guerra, con el argumento de que "sería prematuro adelantarse a los acontecimientos", en expresión de uno de ellos.
La nota discordante la pusieron Izquierda Unida y el Grupo Popular, que insistieron en la importancía histórica de la resoluc'ón del Consejo de Seguridad de la ONU y en la necesidad de que el presidente comparezca ante el Pleno de la Cámara.
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