El Ayuntamiento de Móstoles cederá suelo a 25 familias gitanas si pagan el alcantarillado

La comisión del Ayuntamiento de Móstoles que estudia la situación de las 36 familias gitanas expulsadas en septiembre de su asentamiento habitual propuso ayer que la corporación ceda 2.500 metros cuadrados de suelo junto a la depuradora de El Soto para albergar a este colectivo. A cambio, estas familias deberán abonar 12 millones de pesetas para sufragar las obras de alcantarillado y de conexión de los distintos servicios públicos. No obstante, según la parcelación efectuada, cada familia recibiría 100 metros cuadrados de suelo, por lo que sólo podrán asentarse 25 familias.

Para las 11 familias que se quedarían fuera del acuerdo, la comisión iniciará conversaciones con la Iglesia para que les permita instalarse en unos terrenos que posee en Móstoles.El acuerdo alcanzado fija que los 11,7 millones de pesetas que cuesta la urbanización de calles y la acometida de las tomas de agua y electricidad y el alcantarillado deberán ser pagados por las familias gitanas.

Oposición vecinal

Mientras, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se ha visto obligado a paralizar las obras de acondicionamiento de una parcela municipal de 15.000 metros cuadrados que acogerá 34 viviendas prefabricadas en las que se instalarán las 32 familias gitanas del municipio afectadas por el desbordamiento del río Jarama hace ahora un año. La causa de este parón es la oposición de los propietarios de las tierras colindantes a la parcela, informa Javier Barrio.Según fuentes municipales, estos propietarios han abierto zanjas, colocado montones de arena, arado el terreno y bloqueado con dos grandes tractores el camino a la parcela.

Las protestas de los propietarios de las tierras se basan en dos puntos: que las máquinas y camiones pasan por un terreno de propiedad privada y que el asentamiento de este núcleo de gitanos "previsiblemente" les traerá problemas, tales como incendios de cosechas y ocupación de tierras por otras familias gitanas.

Francisco Rivero, abogado de Pilar Fernández Villaplana, propietaria del terreno que atraviesa el camino utilizado por el Ayuntamiento para llegar a su parcela, afirma haber interpuesto un interdicto en el juzgado, ya que a su cliente no le notificaron jurídicamente la constitución de la servidumbre de paso.

El Ayuntamiento, que ya tuvo que pedir protección en otras ocasiones para continuar los trabajos en el terreno, asegura que, de no ser por estos problemas, las familias podrían vivir ya en sus casas y habría comenzado el programa de integración que se pretende llevar a cabo en un tiempo de tres o cuatro años. Transcurrido este tiempo, está previsto el desmantelamiento de estas casas y el paso de sus habitantes a viviendas del casco urbano.

Este proyecto, que supera en una primera fase los 25 millones, está sufragado por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de San Fernando y Protección Civil.