El rechazo profesional, principal problema de los médicos que hacen abortos, según la OMS

Los profesionales que practican abortos en España, tanto en clínicas públicas como privadas, afirman que las principales dificultades a las que se enfrentan en su trabajo son el rechazo de sus compañeros y la incertidumbre legal, según una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 46 centros de interrupción del embarazo. Los resultados de esta encuesta se presentaron en una reunión sobre el aborto en Europa, realizada recientemente en Tiblisi (URSS), junto con un informe en el que se afirma que la despenalización del aborto por motivos socioeconómicos no solucionará los actuales problemas. En 1989 se declararon oficialmente más de 34.000 abortos en España.

Este informe señala que las principales irregularidades en la práctica del aborto legal en España son administrativas: no se firma el consentimiento expreso de la mujer y no se realiza la declaración epidemiológica. En este sentido, recoge que la cifra de interrupciones oficialmente declaradas ha ido creciendo desde 491 en 1986 hasta 34.764 en 1989. Pero puntualiza que, atendiendo a la tasas de fecundidad, al número de nacidos vivos y a la incidencia del uso de contracepción, se puede aproximar que el número de abortos en España es de unos 100.000 anuales. La diferencia entre los abortos reales y los declarados se deben al hecho de que el 95% de las intervenciones se lleven a cabo en centros privados. Con respecto a éstos, el número de los que han notificado intervenciones ha pasado de 29 en 1987 a 112 en 1989.

Un derecho no asimilado

La Federación de Planificación Familiar de España argumenta en este estudio, elaborado por encargo de la OMS, que el aborto en España "es un derecho recientemente adquirido, todavía no totalmente asimilado ni aceptado por el conjunto de la judicatura y los profesionales sanitarios". La inseguridad de la normativa en vigor -que admite el aborto en caso de peligro para la salud de la madre, violación o malformación del feto- es el punto que más preocupa a los equipos de profesionales que practican abortos. El 64% de los encuestados sitúa esta inseguridad, junto con el rechazo por parte de otros profesionales, como la principal dificultad a la que se enfrentan.Una consecuencia de esto es que la mayoría de los centros y servicios de planificación familiar no pueden, salvo en muy contadas excepciones, derivar a sus clientes al hospital de su zona con la seguridad de que su opinión sea atendida por sus colegas del hospital. Sólo el 4,4% sitúa como principal dificultad los problemas de conciencia.

Con respecto a los problemas que detectan en la organización de sus centros, el 42% señala que la acogida de las mujeres no se realiza de forma adecuada, y el 31% señala la "formación incompleta del personal". El 84% afirma que realiza interrupciones de embarazo, en primer lugar, por "solidaridad con la mujeres"; el 75%, porque le preocupa "la salud de las mujeres", y un 42% reconoce también "motivos económicos". En los resultados de la encuesta no se aprecian diferencias significativas entre los que ejercen en la sanidad pública y/o centros privados, excepto en un discreto mayor pesimismo por parte del sector público en la actual situación del aborto, y tan sólo dos encuestados hacen referencias a las deficiencias de la ley en general, y otro propone un cambio legislativo.

Análisis minucioso

Para la realización de ese informe, un funcionario de la OMS se desplazó a España la primavera pasada y visitó, junto con Mercé Gasco, presidenta de la FPFE, los centros que realizan interrupciones de embarazo. El estudio hace un minucioso análisis de las datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y de los resultados que arroja la encuesta. Tras ello, señala que la Inclusión del supuesto de tipo social "no parece probable que facilite el acceso de las mujeres" a ese derecho o la seguridad de los profesionales". La OMS ofrece como solución: "dar las garantías que sólo el poder ejecutivo puede ofrecer con la actual ley o legislar una ley de plazo".El informe señala más adelante que la "voluntad política no está regida por el interés de la salud de la mujer y el bienestar de la familia. El tema del aborto, al igual que otros relacionados con la salud y la calidad de vida de las mujeres, se está convertiendo en una guerra de ideologías, pero lo que se propone no Implica automáticamente conseguir más beneficios para las mujeres".

Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer, aseguró no conocer el informe, y matizó que no se ha tomado "aún una decisión en firme sobre la inclusión del cuarto supuesto" en la anunciada modificación de la ley.