Jueces moderados evalúan positivamente su ausencia del Consejo del Poder Judicial

El portavoz de la asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, Vicente Ortega Llorca, evaluó ayer positivamente que ningún miembro de su asociación haya sido elegido para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "porque no participamos de los criterios que han llevado a la elección de ese consejo y de su presidente".

La quinta asamblea anual de este colectivo judicial, que comenzó ayer en Puerto de la Cruz (Tenerife), fue abierta por el presidente del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, quien confesó su "frustración" por algunas actuaciones del Ministerio de Justicia.El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria consideró que ésta no podía implicarse "por razones de interés" en un proceso de nombramiento del CGPJ "que no ha respetado como debía la independencia del naciente consejo". El proceso de elección de consejeros, según Ortega Llorca, "debería haber sido una cuestión de Estado, sin sometimiento a criterios de intereses partidistas". "El consejo debería haber estado formado por hombres y mujeres independientes, sin implicación de proximidad ideológica alguna", añadió. Rechazó también las "cuotas de consejeros" entre los partidos.

El magistrado consideró "sorprendente" que el sentido de la elección fuese "invertido" para "elegir a vocales en función de la persona que iban a votar para presidente". No obstante, aseguró que una vez nombrado el consejo, Francisco de Vitoria "estará al lado del CGPJ y de su presidente". "Y con la misma claridad", añadió, "ejerceremos la crítica más acerva y nos opondremos de la manera más enérgica a cualquier connivencia contra la independencia de los jueces".

La asamblea de Francisco de Vitoria, a la que asisten un centenar de sus 230 afiliados, fue abierta por el presidente del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, quien, sentado junto al vocal del CGPJ Eligió Hernández, recordó que la independencia del poder judicial "no es lo mismo que la independencia del consejo".

Equipos informáticos tirados

En su intervención, Olarte calificó de "frustrante" que su Gobierno dedicara 100 millones de pesetas a la adquisición de equipos informáticos en los juzgados, que estuvieron durante mucho tiempo tirados por los rincones "porque el Ministerio de Justicia no tuvo la capacidad mínima para ponerlos en marcha". También se quejó de que una directora general de la etapa de Fernando de Ledesma rechazase la posibilidad de que el Gobierno autónomo dotase de telefax a todos los juzgados de Canarias. Aunque sin nombrarla, Olarte se refería a María Teresa Fernández de Vega, recientemente nombrada vocal del CGPLEn la sesión de la mañana, Manuel Díez de Velasco, juez español en el Tribunal de Justicia de la CE, pronunció una lección magistral en la que recordó que los jueces nacionales son el instrumento principal para la aplicación del derecho comunitario y su colaboración con el Tribunal de Luxemburgo se establece a través del recurso prejudicial. Díez de Velasco aseguró que los jueces españoles han planteado en los cuatro últimos años seis o siete cuestiones prejudiciales, "cantidad razonable hasta el momento presente".

El magistrado Enrique Collado García-Lájara, que abrió las ponencias del congreso, se mostró menos optimista, ya que aseguró que los jueces españoles utilizan "escasamente" la cuestión prejudicial, tienen una insuficiente formación jurídico-comunitaria y fundamentan "esporádica y escuetamente" sus sentencias en el derecho comunitario europeo. Recordó que el derecho comunitario prevalece sobre el nacional.