Susto para los dirección en politica territorial

El hecho de que el 69% de los delegados que asisten al congreso desempeñen un cargo público le acarreó ayer un buen susto a la dirección. La posibilidad de un férreo control de votos y opiniones se convirtió en una votación contraria a las posiciones del aparato. Ocurrió en la comisión de política territorial. Una enmienda andaluza que proponía lograr para 1995 que el 25% del gasto nacional sea gestionado por los ayuntamientos resultó aprobada porque, contra los deseos de la ejecutiva, la apoyaron los centenares de alcaldes, presidentes de diputación y concejales adscritos a esa comisión.

Este grupo de trabajo fue escenario, asimismo, de un pacto entre la España del 92 y las regiones del 93, concretado en un texto que negociaron los representantes de las regiones ricas y los delegados de las menos desarrolladas.La parte municipal de la ponencia indicaba que el PSOE continuará esforzándose por lograr "un reparto del gasto del 50% para la Administración central, 25% para la autonómica y un 25% para las corporaciones locales". Hasta ahora los ayuntamientos gestionaban el 12% del gasto.

La agrupación de Cádiz defendió una enmienda encaminada a que tal propósito no se quede en una bienintencionada quimera para el futuro, sino que se concrete "antes del año l995".

Las voces oficialistas se opusieron a esta presión sobre los ritmos del Gobierno en la complicada distribución de recursos públicos. Cuando se planteó la votación los delegados afines a la ejecutiva vieron preocupados que la enmienda tal vez superaría el 20% de los votos, lo que da acceso a su debate en el pleno. Y comprobaron poco después que no sólo superaba holgadamente ese tope sino que, además, lograba la mayoría y pasaba a incorporarse al dictamen. La enmiemnda fue aprobada en el pleno, pero con el tope situado en el año 2000.

La Comisión de Política Territorial aprobó, asimismo, un texto sobre autonomías que se deriva principalmente de la enmienda que elaboraron en la reunión de Toledo importantes dirigentes socialistas, entre ellos los presidentes de los Gobiernos de Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia. A ese texto se añadieron unas líneas procedentes de la otra enmienda presentada para este capítulo, defendida por Cataluña. El pacto entre estas dos partes tiene estas dos derivaciones:

Ricos y pobres. Las regiones menos desarrolladas planteabar que, tras las inversiones por los acontecimientos de 1992 (Barcelona, Andalucía, Madrid), llega el turno ahora de las zonas que han quedado al margen. La enmienda catalana hablaba, en cambio, de una modificación en los mecanismos de financiación autonómica: un porcentaje del IRPF recaudado en cada comunidad debería ser gestionado directamente por el Gobierno autónomo (lo que beneficia a las comunidades con mayor nivel de renta). El texto final habla de la necesidad de una política de reequilibrio territorial, pero sin olvidar que para redistribuir es preciso primero crecer.

Joaquín Almunia. El ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ha sostenido que la ampliación de las competencias regionales debe efectuarse mediante una ley orgánica -lo que da la iniciativa al Gobierno-, según el artículo 150 de la Constitución. La ponencia aprobada -a propuesta de las regiones con menor desarrollo autonómico- abre el camino para que, en contra de las opiniones de Almunia, la amplíación de competencias se produzca mediante la reforma de los estatutos (lo que da la iniciativa a los Parlamentos regionales).

La Comisión de Política Territorial abordó también el llamado decreto Boyer. Varias federaciones habían presentado enmiendas contra el decreto, que ha dado pie a unos contratos leoninos en los alquileres de viviendas, en beneficio de los propietarios y en detrimento de los inquilinos. La ejecutiva ofreció una enmienda transaccional según la cual, y en consonancia con esas peticiones, se reformará la ley de arrendamientos urbanos; el texto definitivo no es muy preciso, pero fue aceptado por los enmendantes al entender que permite lograr sus propósitos.