El debate militar

EL TRADICIONAL sorteo de los mozos, que se celebrará mañana, domingo, y que afecta a algo más de 200.000 jóvenes, actualiza el debate nacional en tomo al servicio militar cibUgatorio. Una polémica siempre vigente que incorpora también las protestas activas de los objetores y los insumisos y las pasivas de las asociaciones contrarias a esta forma de leva. En el de este año se añade el dato trágico de la muerte de un recluta -anteayer-,en el hospital militar Gómez Ulla, de Madrid, consecuencia al parecer, de la costumbre de las novatadas, sin duda uno de los usos sociales que rezuman mayor desprecio por el ser humano y sus circunstancias.La mayoría de la opinión nacional dice estar en contra del servicio militar obligatorio: en principio, por la presunción democrática de que nadie debe ser forzado a nada, y menos a la entrega de su vida durante un tiempo determinado. Pero hay otros datos añadidos: su inutilidad ante el desarrollo técnico de la guerra moderna; la humillación de una disciplina que se impone sin discusión posible y que con alguna frecuencia se confunde con el servicio doméstico; la peligrosidad que supone el manejo de armas o máquinas sin entrenamiento previo; el número elevado de suicidios, mayor que el que se produce en capas de edad similares en la vida civil, y los abusos de poder que persisten en algunos niveles del mando, no suficientemente castigados o incluso tolerados, como lo demuestra la lenidad judicial en el reciente caso del recluta golpeado por su negativa a hacer la instrucción.

El debate, en cualquier caso, exige propuestas diferentes. Muchas opiniones militares, y algunas civiles, entienden que la mift es una forma de participación imprescindible en una institución que puede necesitar de los hombres en cualquier momento. Se oponen quienes dudan que en la situación actual de España se pueda requerir en algún momento esa participación, y cuál sería su eficacia si llegara el caso. El Gobierno vacila ante este problema por muchos tipos de razones, pero urge su renovación.

Lo cierto es que ha llegado otro sorteo sin que haya una ley. Las opiniones que recibe el Ejecutivo de los sectores de su propio partido, como las que emiten las Juventudes Socialistas, son variadas y a menudo voluntaristas y poco orientadoras; el Consejo Nacional de la Juventud, por su parte, decía recientemente que el servicio militar obligatorio debía sustituirse por prestaciones civiles gratuitas de los jóvenes de ambos sexos. Tampoco está claro por qué los jóvenes deben trabajar casi gratuitamente en el servicio al Estado, que tiene ya cerca de dos millones de personas que cobran por trabajar como funcionarios.

La sustitución del ejército de leva por uno de profesionales parece una solución adecuada o, cuando menos, un arranque razonable para la discusión, tanto por la eficacia que se conseguiría en el aprendizaje de lo que ya no puede ser más que una profesión como por una justa selección democrática. Las dificultades -esencialmente de índole económica- deben ser demostradas. En cualquier caso, no se entiende por qué el precio han de pagarlo los reclutas y sus familias. El peso de la defensa nacional habrá de recaer sobre los defendidos, y no sobre los hipotéticos defensores.

La oposición cotidiana aumenta: el número de objetores va creciendo anualmente. El peligro de guerra en el golfo Pérsico ha provocado que sólo en el mes de septiembre cerca de 5.000 jóvenes hayan alegado objeción de conciencia, y se calcula que al finalizar el año su número sobrepasará los 25.000. El número aumenta en el País Vasco -donde algunos ayuntan-úentos se han negado a suministrar los censos previos al servicio- y en -Cataluña. Tampoco la cuestión nacionalista debe prevalecer sobre lo que es común para todo el país. El tan ,necesario debate nacional, basado en un proyecto gubernamental y en una amplia discusión parlamentaria, resulta imprescindible para resolver una situación que se va envenenando año tras año. Posponerlo sin fecha fija sería aceptar en la práctica que los más de 200.000 mozos cuentan menos que cero.