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El Congreso aprueba incompatibilidades para combatir el tráfico de influencias

El sistema de incompatibilidades para altos cargos y parlamentarios, así como la penalización de quienes incurran en tráfico de influencias, fueron aprobados ayer en la Comisión Constitucional del Congreso por unanimidad, si bien Izquierda Unida planteó objeciones jurídicas y de procedimiento. Este paquete legislativo, en forma de tres proposiciones, supondrá la modificación de seis leyes, dos de ellas de carácter orgánico.La primera proposición modifica la ley de incompatibilidades de altos cargos, la reguladora de bases de Régimen Local, la de contratos del Estado y la del mercado de valores. Las otras dos afectan a la ley orgánica del régimen electoral general y al Código Penal, por lo que deberán ser aprobadas por la Cámara.

Con estas medidas se ratifica la incompatibilidad de los altos cargos y los parlamentarios con cualquier otra actividad, si bien los casos particulares que se planteen podrán ser estudiados por la Comisión. Asimismo, aquellos que hayan ejercido un alto cargo no podrán realizar actividades privadas relacionadas con su cargo durante los dos años siguientes a su cese.

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