El Gobierno estudia multar hasta con 100 millones a los que perturben gravemente servicios esenciales

El Gobierno ultima actualmente una ley que permitirá imponer sanciones de hasta 100 millones de pesetas a aquellas personas o asociaciones que provoquen incidentes o alteraciones graves en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como, por ejemplo, el dificultar o impedir el abastecimiento de las ciudades, situación que se registró recientemente a raíz de¡ bloqueo de las carreteras originado por la huelga de¡ transporte. Esta ley, denominada de "protección general de las libertades públicas y de la seguridad ciudadana", está siendo elaborada por el Ministerio del Interior y derogará expresamente las disposiciones de la Ley de Orden Público de 1959 que aún permanecen vigentes.

El Gobierno se ha mostrado muy preocupado por el hecho de que la actuación irresponsable de unos pocos cause graves perjuicios a la inmensa mayoría de los ciudadanos y provoque importantes alteraciones en la vida ciudadana, como los cortes generalizados de vías públicas y accesos a grandes ciudades, método utilizado desde hace tiempo por determinados sectores, como los. agricultores y ganaderos, y que últimamente se ha extendido a otros colectivos para apoyar sus reivindicaciones laborales.El Ejecutivo cree que la práctica impunidad de que disfrutan los que recurren a estos sistemas que vulneran los derechos de la mayoría de los ciudadanos ha impulsado al Gobierno a preparar una ley que establece durísimas sanciones para los responsables de perturbaciones del orden que en muchos casos no constituyen delito. El texto no es definitivo, debido a que no se han realizado consultas a otros departamentos que deberán realizar algunas aportaciones.

Derecho de la mayoría

El proyecto, según fuentes del Gobierno, no pretende imponer una regulación encubierta del Derecho de Huelga o limitar los derechos de expresión o manifestación, sino salvaguardar los derechos de la mayoría de los ciudadanos, que los poderes públicos tienen obligación de garantizar.

En este sentido, los últimos grandes conflictos colectivos con graves repercusiones en la población, tractoradas, huelgas en los transportes públicos de Madrid, en RENFE, o la más reciente del transporte, ha animado al Gobierno a acelerar una ley en la que se estaba trabajando desde hace meses. El nuevo proyecto establecerá medidas para combatir los abusos.

El conflicto de los camiones, especialmente, ha desbordado todas las previsiones y ha supuesto un claro ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir. Los camioneros autónomos de 28 asociaciones, que no representaban ni siquiera al IC% del sector, impusieron al resto del país, por medio de piquetes que bloquearon con sus vehículos las carreteras, puertos y fronteras, una difícil y delicada situación que originó pérdidas estimadas en más de 50.000 millones de pesetas. Los mercados centrales de varias grandes ciudades como Bilbao, Barcelona, San Sebastián, Logroño, Pamplona, entre otras, tuvieron serios problemas de abastecimiento de productos básicos. El combustible faltó y tuvo que ser racionado en varias poblaciones; los alimento s perecederos como leche, pescado o fruta, se perdieron y un buen número de industrias tuvieron que cerrar o reducir su actividad por falta de materias primas. Los precios de muchos productos subieron escandalosamente y las grandes patronales del transporte, que no estaban en huelga, no pudieron paliar la situación porque sus camiones no pudieron circular debido a la acción de los piquetes.

Tras la vuelta a la normalidad, el Gobierno ha acelerado la ley de seguridad ciudadana, por la que se dota de instrumentos para impedir que la situación vuelva a repetirse. Así, se ha llegado a esta propuesta que prevé la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda imponer multas de hasta 100 millones de pesetas para los responsables de acciones que supongan graves perturbaciones a la sociedad.

La ley prevé otros supuestos sancionables como el desborde de manifestaciones, legales o no, que supongan por ejemplo la incomunicación de una ciudad o la paralización de una determinada zona con cortes de tráfico. Por ello, el abanico de sanciones puede ser muy amplio atendiendo a la gravedad de los sucesos.

Eso quiere decir que el máximo de 100 millones solo podrá ser impuesto por el Consejo de Ministros, pero que que las autoridades gubernativas, cuyo último escalón son los gobernadores civiles, siguiendo la filosofía del proyecto, podrán imponer sanciones menores, que muy probablemente serán las más habituales.

También se ha proyectado facultar a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para el mantenimiento de la seguridad pública, especialmente en casos de desórdenes colectivos. Entre estas medidas estaría la retirada por parte de las fuerzas de seguridad de todos los obstáculos, ya sean vehículos u otro tipo de objetos, que impidiesen o dificultasen la libre circulación de personas o mercancías.

La nueva norma derogará expresamente la ley de Orden Público de 1959. Algunos aspectos de esta ley ya habían sido derogados por otras leyes de la democracia. Por añadidura, la entrada en vigor de la Constitución supuso dejar fuera de ley gran parte del articulado. Sin embargo, artículos de la ley, y no los menos importantes, continúan todavía en vigor, aunque las autoridades han renunciado a aplicarla por ser una ley franquista.