Un largo camino
El derecho de reversión a José María Ruiz-Mateos de las empresas de Rumasa no implica la devolución automática de las acciones al empresario Jerezano. Para que esto fuera así, el Tribunal Supremo debería desestimar los recursos interpuestos por el Estado, lo que convertiría en firmes las sentencias del Tribunal Superior de Madrid, proceso que puede durar más de un año.En el supuesto de que efectivamente el alto tribunal diera la razón a Ruiz-Mateos, éste tendría que pagar al Estado todo el dinero que la Administración ha empleado en el saneamiento de las empresas en litigio más los justiprecios abonados a los accionistas minoritarios. En el h1potético caso de que todas las empresas revirtieran a Ruiz-Mateos, el empresario Jerezano debería pagar 699.500 millones de pesetas, cifra que, según el Tribunal de Cuentas, costó la llamada Operación Rumasa.
Si la Administración y Ruiz-Mateos no llegaran a un acuerdo sobre las cantidades que éste habría de abonar para recuperar sus acciones, el contencioso volvería de nuevo a los tribunales. Por contra, si finalmente se fija la aportación que ha de pagar Ruiz-Mateos y éste recupera sus acciones, los actuales propietarios de las empresas de la antigua Rumasa podrían demandar al Estado por "daños y perjuicios", según han señalado en fuentes de la Abogacía del Estado.
La reversión del Atlántico -primera decretada sobre una empresa cotizada en Bolsa- "no preocupa en absoluto a la actual dirección de la entidad", según fuentes del banco, que fue comprado en mayo de 1984 por el Arab Banking Co., el Banco Exterior de España y el Banco Árabe Español.
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