Las negociaciones del presupuesto de EE UU entran de nuevo en vía muerta
El presidente George Bush, "frustrado"; los congresistas, irritados, y el país, pasmado. Éste era el resumen del ambiente reinante en Washington ayer, 12 horas antes de que terminaran, en la medianoche del miércoles (hora local), los fondos de urgencia aprobados el pasado día 9 por el presidente norteamericano para permitir la continuación de las actividades del Gobierno federal ante la falta de acuerdo sobre las medidas a adoptar para reducir el creciente déficit del presupuestó en medio billón de dólares en los próximos cinco años.
Cuando todo parecía indicar, después de concesiones importantes por ambas partes en la forma de financiar el déficit, que el acuerdo entre la comisión bicameral del Congreso y la Casa Blanca estaba al alcance de la mano, las negociaciones entraron de nuevo en la vía muerta a primera hora del miércoles.La proximidad de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre, en las que la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los Senadores tendrán que renovar sus escaños, junto con la peculiaridad del sistema parlamentario norteamericano, en el que la principal lealtad de los congresistas no es, como en España, hacia los partidos políticos sino hacia sus electores, ha hecho aumentar el suspense y hacía muy difícil el acuerdo final antes de la expiración del plazo.
Las concesiones hechas por los parlamentarios, de una parte, y por Bush, de otra, son de tal magnitud a efectos de desgaste político, que los jefes de fila tanto demócratas como republicanos temían una nueva rebelión de las masas y una votación negativa por parte de diputados y senadores si se pedía una votación en el pleno de las Cámaras.
De la irritación que la falta de acuerdo provocaba en los congresistas de a pie pueden dar idea dos desaires públicos hechos a Bush el martes durante una gira electoral por los estados de Nueva Inglaterra por dos parlamentarios de su propio partido republicano. Durante un acto de apoyo al candidato republicano a Cámara de Representantes por Vermont, Peter Smith, el presidente tuvo que aguantar a pie firme los ataques que le dirigió el propio Smith por su decisión de aceptar una subida de impuesto en contra de las promesas que había realizado durante su campaña electoral.
El desaire
El segundo desaire fue más grave y se produjo en la próxima parada de Bush en Manchester en el estado de New Hamphsire donde presidió un acto destinado a recaudar fondos para el candidato, republicano al Senado, Bob Smith, que se presenta a la reelección. El pequeño detalle es que Smith no se presentó al acto alegando que las discusiones presupuestarias le impedían abandonar Washington.
En una conversación con los periodistas que regresaban con él a la capital federal en el Air Force One, Bush expresó su estado de ánimo con esta declaración: "Me siento tan frustrado por la incapacidad de este Congreso para llegar a un acuerdo que no sé lo que voy a hacer (con respecto a firmar una nueva ley de emergencia prorrogando la financiación de las actividades del Gobierno)".
La situación era tan grave que los líderes republicanos en las dos Cámaras del Congreso, el senador Robert Dole y el diputado Robert Michel, acudieron a la Casa Blanca a primera hora de la madrugada del miércoles para explicar con claridad la situación de rebeldía de las Cámaras a Bush y a sus más directos colaboradores del presidente en el tenia presupuestario, el jefe del Gabinete, John Sununu, y el director de la Oficina del Presupuesto, Richard Darman.
La Casa Blanca creyó que con su aceptación de una subida de tres puntos, hasta un máximo del 31%, en la presión fiscal sobre las rentas de capital más altas -en contradicción directa con la promesa de Bush en su campana presidencial de no tocar los impuestos directos-, sus problemas estaban resueltos.
No ha resultado así. Los demócratas, que han hecho concesiones igualmente importantes desde su filosofía política, como la aceptación de una subida del impuesto sobre la gasolina y una congelación de ciertas prestaciones sociales, insistían a última hora en que la Casa Blanca aceptase un impuesto especial del 10% en los ingresos superiores al millón de dólares anuales, que afectan a unas 60.000 familias.
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