Fotos, sondeos y lectores

En una época tan poco iconoclasta como ésta, en la que la imagen se ha convertido en el espejo del alma, los ciudadanos velan por su derecho a no verse mal retratados en las fotografías que publican los periódicos. El Ombudsman ha recibido quejas, de muy diverso tipo, de ciudadanos cuya imagen aparece publicada en un contexto distinto, y a veces denigrante, de la circunstancia y lugar en que fue captada su fotografía. Existen casos, sin embargo, en que la imagen no, se sitúa fuera de contexto, pero la propia naturaleza de las fotografías -tomadas en hospitales, manicomios, cárceles o en la calle a drogadictos o marginados- exige una edición muy delicada de estas imágenes y desaconseja su utilización posterior, salvo casos excepcionales. No es sólo un problema de sensibilidad ante un derecho de las personas, sino que, además, es un derecho protegido por ley.La última queja, con cierto tono dramático, la formuló una persona que está luchando desde hace meses por dejar la heroína y cuya imagen inyectándose en la calle, captada furtivamente por un colaborador de este diario en agosto del año pasado, ha aparecido varias veces desde entonces. La última, el pasado miércoles 17 de octubre, para ilustrar una información sobre máquinas expendedoras de condones y jeringuillas.

Esta persona dijo sentirse perseguida por una imagen que quiere dejar atrás. "¿Qué derecho tiene su diario a reiterar una imagen mía y cuántas veces más tendré que ver esas fotografías ilustrando cualquier tema relacionado con yonquis?".

El lector tiene, en opinión del Ombudsman, toda la razón. Este diario, que publica numerosos reportajes al cabo del año sobre problemas que afectan a la población marginal, recurre a menudo a fotografías de archivo para ilustrarlos, y la selección del material no se realiza con el cuidado que estos materiales y los lectores del diario merecen.

Sondeos electorales

Los sondeos preelectorales han sido a menudo motivo de polémica, sobre todo cuando los resultados no coinciden con las previsiones publicadas. Pero también existe cierta desconfianza ante la capacidad de influencia que puedan tener las encuestas sobre la opinión pública a la que pretenden auscultar.

Una de las incógnitas que despejarán las próximas elecciones en Euskadi es el color del nuevo Gobierno de coalición que se forme, ya que todas las previsiones indican que ningún partido alcanzará la mayoría absoluta. Un lector de Madrid ha llamado al Ombudsman para quejarse de la presentación que sobre ese dato concreto -el futuro Gobierno de coalición- realizaba el sondeo publicado el pasado domingo 7 de octubre.

La queja apuntaba al titular El 19% de los electores quiere una coalición nacionalista que a cuatro columnas encabezaba una de las dos páginas dedicadas al sondeo.

El lector señalaba que el titular era "tendencioso" respecto a los datos que ofrecía el propio sondeo. El lector considera que no es un 19% el que quiere una coalición nacionalista, sino, al menos, un 35%, cifra bien distinta de la reflejada en los titulares y recogida en la información de primera página.

La encuesta indicaba que el 19% de los entrevistados preferiría una coalición nacionalista cuatripartita (PNV-EA-EE-HB); un 16%, una coalición nacionalista tripartita (PNV-EA-EE), y otro 16% preferiría una coalición PNV-PSOE, que ha venido gobernando en Euskadi en los últimos años.

Otros datos, no recogidos por el diario el pasado domingo, indicaban que el 6% se pronunciaba por coaliciones distintas a las citadas, y un 43% optaba por el no sabe / no contesta. El total sumaba 100%.

El razonamiento del lector es correcto, ya que un 35% de los encuestados se pronunció por coaliciones nacionalistas, aunque un 19% incluía a HB en el Gobierno y un 16% no lo hacía.

El titular, como el resto de la información, fue redactado sin mala fe y con precipitación -en opinión del Ombudsman- por la redacción que trabaja sobre los materiales que remite la empresa Demoscopia.

'Libro de estilo'

Las cartas sobre el Libro de estilo se cuentan por docenas cada semana, informa el redactor jefe de Edición, Alex Grijelmo. La mayoría, dice, son elogiosas hacia la obra en general, pero critican aspectos muy concretos, que no siempre son coIncidentes. La casi totalidad de las sugerencias se refiere a cuestiones de léxico, siempre en defensa del idioma español frente a los extranjerismos. Los lectores muy rara vez entran a discutir los criterios generales de los capítulos 1 a 13 (la doctrina de comportamiento profesional y de uso del lenguaje). Ni siquiera la prohibición de informar sobre boxeo; ni las cuestiones de toponimia de las comunidades autónomas.

En muchos casos, las cartas muestran simplemente gustos específicos de algunos lectores. Por ejemplo, hay quien recomienda un menor uso de las construcciones pasivas. A veces con mucha razón, como José María Grijalvo, de Ibiza, que aporta como ejemplo una frase incorrecta, publicada recientemente, relativa a los jefes del narcotráfico "que no pudieron ser detenidos".

Muchos de los comunicantes son lectores minuciosos, que se quejan tanto de omisiones como de ultracorrecciones. Así, Mariano Mataix, de Barcelona, explica que no tiene sentido incluir la equivalencia de la yarda cuadrada, puesto que la yarda es sólo una medida de longitud, y nunca va a ser necesaria esa reconversión a metros cuadrados. Santiago Martínez Lage, abogado especializado en derecho europeo, se queja, en cambio, de algunas omisiones sobre organismos y normas comunitarios, que serán incluidos en una próxima edición.

Quizá una de las palabras más polémicas sea "élite", por la que protesta con firmeza, por ejemplo, José Guillermo Arróniz desde Terrassa. Hay muchas cartas sobre este vocablo, todas ellas de partidarios de mantener la grafia "elite", que EL PAÍS empleó desde su nacimiento, en 1976. El periódico prefirió en este caso seguir la tendencia de los hablantes españoles, en lugar de adoptar la acentuación francesa de origen. Algo parecido a la deformación de "elite" ocurrió hace muchos lustros, por ejemplo, con "jardín", palabra que se adoptó en castellano con el sonido de sus letras en nuestra fonética y no con el original del francés, idioma del que procede también.

El teléfono directo del Ombudsman es el 754 45 53 de Madrid.