El 'pequeño apartheid' desaparece en Suráfrica

Las librerías, lugares de acampada, aseos públicos, autobuses y piscinas de Suráfrica ya tienen clientes de todas las razas, sin que hasta el momento se hayan producido incidentes. Hernus Kriel, ministro de Planificación y Asuntos Provinciales, comentó a los periodistas que "no ha habido demasiados males, el sol luce de nuevo y Suráfrica se mantiene donde estaba".

El martes fue el primer día en 37 años que la ley sobre segregación racial en los lugares públicos de esparcimiento dejaba de tener efecto. Esta ley, uno de los pilares del sistema de apartheid, otorgaba el control de estas actividades exclusivamente a los Gobiernos central y regionales, y de ellas se beneficiaban solamente los blancos. En la mayor parte del país, la derogación de la ley ha sido aceptada sin mayores problemas. En las grandes ciudades, corno es el caso de Johanesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, había instalaciones interraciales desde hace algún tiempo.Solamente en algunas ciudades y pueblos del Transvaal y de Orange, provincias ambas con estatutos, particulares y gobernadas con mano firme por los conservadores, hay reticencias en los consejos municipales nombrados por el Partido Conservador. Muchos de entre ellos han declarado que no aceptarán la nueva disposición del Gobierno. Otros utilizarán subterfugios legales para escamotear la nueva ley.

En Bethal, por ejemplo, situada a 300 kilómetros al sureste de Johanesburgo, la biblioteca pública queda abierta para los periodistas negros, siempre y cuando éstos satisfagan una cuota de 200 dólares (unas 20.000 pesetas) si quieren consultar un libro. En la localidad de Springs, todas las piscinas se vaciaron, de modo que se evita el problema de si se admite o no a los negros.

Otras 100 ciudades, dominadas por el Partido Conservador, desafiarán a la nueva ley, según las palabras del alcalde de Barkpan, Billy Olivier. Los grupos antiapartheid negros, incluido el Congreso Nacional Africano (ANC), declararon que utilizarían la presión frente a los ayuntamientos recalcitrantes para hacer que se cumpla la reforma.