España, en desacuerdo con la negociación CE-EFTA

España se opondrá el próximo lunes, en el seno de la Comisión Europea, a la aprobación de un primer documento en el que se establecen las bases del "espacio económico europeo" negociado por el órgano comunitario con los países miembros de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio).El secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Pedro Solbes, manifestó ayer que la Comisión no ha cumplido en su totalidad el mandato recibido por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CE el pasado 19 de diciembre para negociar la asociación de los países EFTA (Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia e Islandia) para que estos países se beneficien de las ventajas económicas que impondrá el mercado único europeo.La decisión de los ministros de Exteriores comunitarios preveía que en la negociación CE-EFTA, ningún sector de interés para las dos partes sería excluído de la negociación. El Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez aseguró a raíz de la declaración que de esa forma, se aseguraba el interés español en los temas pesqueros y agrícolas.La Administración española mantiene que la Comisión no ha prestado la suficiente atención a cuestiones agrícolas, pesqueras, de libre circulación de personas y de cohesión económica, en las negociaciones con los países mencionados.La clave de la posición española se encuentra en las cifras de intercambios comerciales con la EFTA. Mientras que la mayor parte de los países comunitarios son exportadores netos hacia la EFTA, con una situación de equilibrio entre bienes industriales y agrícolas, la balanza comercial con España arroja un 94% de importaciones industriales por tan sólo un 75% de exportaciones.La Administración desea por lo tanto la obtención de ventajas en los apartados agrícola, pesquero y de libre circulación de personas para compensar la situación.Noruega e Islandia, por la cuestión pesquera y Suiza por lo que se refiere a la libre circulación de personas (Suiza no desea que su población foránea supere el 15% de su población total), constituyen el núcleo de unas diferencias que en el apartado agrícola se extienden al resto. En el caso de que las peticiones españolas no fueran atendidas, la Administración mantendría su reserva al acuerdo e impediría su firma, prevista para el próximo año.

Pese a todo, la posición de la Administración española, según recalcó ayer Pedro Solbes a los embajadores españoles en países EFTA, reunidos en Madrid, es de apoyo político a la constitución del espacio económico europeo.