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El 36% de los 8.1098 municipios españoles se asocia en mancomunidades "para el establecimiento y desarrollo de obras, servicios y otros fines propios de su competencia peculiar", según la Ley de Régimen Local. Detrás se esconde -en determinadas autonomías y en zonas poco pobladas, con ayuntamientos de economía limitada y rural- la constatación de una impotencia: no hay dinero para ofrecer los mínimos servicios a los ciudadanos. La discusión se plantea, políticamente, entre las mancomunidades y los consorcios, entre defender la creación de un nuevo órgano de gestión público o ser favorable a abrir esta gestión a todos los sectores, incluso los privados.

En una cosa hay coincidencia entre todos los partidos políticos, tanto de la oposición como en el Gobierno: "Es una auténtica aberración el excesivo número de municipios que hay en España". Esta expresión categórica tiene múltiples explicaciones y justificaciones, una de ellas numérica: el 76% de los ayuntamientos (6.216) tienen menos de 3.000 habitantes y muchos de ellos no pueden ni pagar ni siquiera la nómina de un funcionario.Para su solución, sin embargo, nadie, ni la Administración central ni las autonómicas, se plantea una reducción forzada porque se asume que sería como provocar una chispa en un auténtico polvorín.

El ideal que se busca es no herir la susceptibilidad de identidades municipales diferenciadas, sino ir hacia la fusión voluntaria. Y esta fusión, a la hora de organizarse, se puede concretar de diversas maneras, mancomunidades o consorcios, sistemas que se eligen alternativamente "según se esté gobernando o en la oposición" explica Miguel Angel Pino, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y concejal socialista en este Ayuntarniento. Pino también es presidente de la Comisión. de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) matiza que "mancomunidades y consorcios, fórmulas de asociar esfuerzos, no son excluyentes". Desde este departamento se señala que la mancomunidad "ofrece una salida más global y sistemática a los déficit infraestructurales y de servicios de los ayuntamientos pequeños, con un grado mayor de autonomía para los ayuntamientos". Pero también se reconoce desde el MAP que en un momento determinado los consorcios pueden ser "más versátiles" y, que la polémica sobre la utilidad de uno u otro sistema obedece más a la búsqueda de un espacio institucional que al interés político de mejorar los servicios públicos.

Elemento imprescindible

José Castro, alcalde de Ponteares (Pontevedra), impulsor y presidente (le una comisión coordinadora de mancomunidades de municipios de España que empezó hace nueve años con ocho organismos mancomunados y que suma ahora 280, no tiene dudas: "Las mancomunidades están llamadas a ser un elemento imprescindible de la Administración local". Castro, del Partido Popular, reconoce que aunque las mancomunidades "no interfieren con nadie, sí restan competencias a las diputaciones, pero esto no tiene que molestar".Interferencias, dirigismos, tutelajes e intervencionismos son algunas de las acusaciones que se cruzan entre los dos bandos. Castro es espartano en los argumentos: 'Tos vecinos quieren tener los mismos servicios que en Madrid o Barcelona y nos dicen [a los políticos] que nos arreglemos como podamos".

Castro mantiene que las mancomunidades tienen un grado mayor de autonomía que los consorcios, que, según su criterio, son más dirigidos. Al mismo tiempo especifica: "Las tutelas debemos eliminarlas. Si antes censurábamos la del Estado, ahora debemos hacerlo con la de las autonomías y las diputaciones".

Para Miguel Ángel Pino-, "no hay una sola visión del fenómeno supramunicipal ni un solo modelo de mancomunidad". En cualquier caso, mantiene que tanto mancomunidades corno consorcios son, en teoría y salvo excepciones muy localizadas en algunas comunidades, solamente medios de gestión y no organismos políticos.

Pino sostiene que la diferencia entre las mancomunidades y los consorcios está únicamente en cómo se componen estas dos modalidades de gestión municipal y cree queen la mayoría de los casos, para los servicios a prestar, es más conveniente organizarlos a través de consorcios.

"En los consorcios se integran todas las Administraciones implicadas, diversos organismos de distinta naturaleza jurídica y también la empresa privada", dice el presidente de la diputación sevillana. Pino no tiene reparos en admitir que es bueno y lógico utilizar a la em-presa privada para ofrecer servicios más competitivos a los vecinos de los municipios que 'integran esta modalidad de gestión.

Pagar al secretario

El presidente de la Diputación de Sevilla, Miguel Ángel Pino, no concede excesiva relevancia al dato en frío de que el 36% de los ayuntamientos españoles se asocia en mancomunidades. Pino asegura que de este porcentaje de ayuntamientos que cooperan, casi la mitad se une simplemente para sufragar un servicio técnico que necesita la corporación. Los servicios que normalmente se solucionan mediante esta modalidad de gestión suele ser, normalmente, pagar a un secretario municipal."La dinámica municipal hace que los servicios necesarios sean diversos y el nivel territorial elegido tiene que ser el mismo para prestar estos servicios", argumenta Pino sobre el defecto de la rigidez consustancial a las mancomunidades. "El problema, que no se quiere descubrir, es la pretensión de algunas partes de que la mancomunidad sea un nuevo organismo territorial que tienda hacia la comarcalización de España, y esto no tiene vigencia ni nada que ver con la realidad", asegura tajante Miguel Ángel Pino.

La Federación Española de Municipios y Provincias está en esta línea y sostiene que, pese a las comunidades autónomas que lo han intentado, en directa referencia a la aprobación de la Ley de Ordenación Territorial de Cataluña, "no interesa la comarca porque no ofrece todos los servicios".

Un portavoz de la FEMP insiste en que, sin embargo, "se ha consolidado la actual estructura provincial y cualquier modificación en este sentido afecta al conjunto de la estructuración del Estado".