El Consejo que viene y su elección parlamentaria

Antes del día 23, el Parlamento (Congreso y Senado a partes iguales) deberá proceder a la elección de los 20 vocales que en los próximos cinco años regirán los destinos del Consejo General del Poder Judicial. Según el autor, el balance del Consejo cesante no puede reputarse positivo, y el que viene sólo podrá ser eficaz si asume el riesgo de tener ideas, de expresarlas críticamente y de formular alternativas, siempre que sea necesario, a la política judicial del Ejecutivo.

Una reflexión sobre el mandato de este Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los últimos días de su quinquenio no permite ser optimista, desde luego, hacia el pasado, pero, ¿y hacia el futuro?Es así, desde una perspectiva atenta a la forma en que se ha producido su inserción en la dinámica institucional, en el juego del poder, porque se han visto ampliamente confirmados los temores puestos de manifiesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986. Y es que, en efecto, la parcelación del CGPJ y el reparto de las cuotas de presencia en él como si de, participaciones accionarias se tratase dejó la puerta abierta a "la lógica del Estado de partidos" qué, ésta sí ha hecho un buen trabajo.

De otro lado, la hiperlegitimación democrática que se decía buscar con el nuevo sistema de designación, al no ser acompañada de un coherente reforzamiento de competencias, ha hecho del órgano de gobierno de los jueces. una institución en permanente riesgo de deslegitimación por la ineficacia, regularmente actualizado. Riesgo que, al menos en alguna medida, podría haberse ,conjurado por aquél mediante una ocupación imaginativa y creadora del espacio político, aunque precario, siempre disponible. Pero su condición objetivamente dependiente, el papel efectivamente asumido de mandatario implícito, de mimético y sobre todo acrítico gestor de una política ajena, cercenaron esa posibilidad ya en origen. Al fin, y al cabo, los vocales no habían sido elegidos para eso.

Tal es el motivo de que en este momento, en medio de la calma, al menos aparente, que la situación electoral impone -se- está seleccionando ahora, no en las Cortes-, no deje de percibirse cierto desasosiego, incluso en muchos decididos partidarios del m odelo vigente.

Tedioso discurso

Se ha dicho en estos días que el CGPJ "no debe despolitizarse, sino justamente lo contrario", reavivándose a partir de aquí el tedioso discurso subcultural sobre si la justicia y la política, bla, bla, bla... Como si a estas alturas fuera todavía ése el problema.

Pero no es por ahí por donde van los tiros. 0 al menos no los tiros que hay que temer. Éstos son los que podrían hacer blanco de nuevo sobre el papel constitucional del CGPL Y su peligro es bien evidente desde el momento en que alguien tiene la capacidad de decidir, desde una política preconstituida, desde una determinada política, cuál y cómo haya de ser la del Consejo, incidiendo consecuentemente en la futura composición del mismo.

Se ha dicho, y es otra obviedad, que el CGPJ no tiene encomendada la representación corporativa de los jueces. Y también que la independencia de éstos y de aquél no consiste en una confrontación permanente con el Gobierno.

Lo primero es muy cierto. Pero no más que lo es la necesidad de que la componente judicial del Consejo se encuentre también legitimada en cierto modo frente a los jueces gobernados. A tal fin se ha sugerido que de alguna forma colateral podría utilizarse el cauce asociativo. Algo es algo.

En cuanto a lo segundo, está bien lejos de mí el propósito de incitar al próximo Consejo a constituirse en permanente sentada ante el palacio de la calle de San Bernardo. El tenía tiene otro alcance y sobre todo una trascendencia cualitativamente bien distinta.

Inquisición policial

En efecto, independencia no es antagonismo gratuito, pero sí legítima capacidad de conflicto en el marco constitucional, cuando ello fuera necesario; y, claro está, también de consenso; pero no inducido ex ante, sino dialécticamente alcanzado desde la recíproca autonomía formal y de hecho. O por decirlo con otras palabras, en el caso del Consejo que termina, independencia habría sido, por ejemplo, demostrar aptitud para decir algo serio contra las gravísimas y antidemocráticas agresiones sufridas por la jurisdicción en la juez Huerta; o condenar, en vez de identificarse con ella, la inadmisible inquisición policial que dio lugar al lamentable expediente abierto al juez de Puerto del Rosario en el caso D'Artagnan; o salir al paso del actual ministro de Justicia cuando éste reconvino al Consejo desde los micrófonos de Radio Nacional por no haber dicho a los jueces mediante una circular cómo habrían de interpretar determinada ley (!)...

El presidente González dirigió al CGPJ durante el debate parlamentario sobre el estado de la nación, en la sesión del 25 de febrero de 1988, el reproche de "no tener un proyecto de desarrollo de lo que le compete (como) poder". Reproche no precisamente sincero, si se tiene en cuenta que con él buscaba desplazar sobre el Consejo las críticas vertidas por la oposición acerca de la política judicial del Gobierno. Pero reproche pertinente porque la ausencia de ciertas competencias no exime de la responsabilidad de tener ideas y de expresarlas críticamente; de formular alternativas cuando ello sea necesario -¡y vaya si lo ha sido y sigue siendo!- frente a la política del Ejecutivo para la justicia.

Ojalá que aquí y ahora, en la perspectiva de un nuevo Consejo, las palabras del presidente González, leídas por su lado bueno, tengan algo que decir a quienes están confeccionando la lista de los 20- espero que no de los 21- que próximamente llegará a las Cámaras.

es magistrado.