Una empresa ofreció dinero a un socio de Juan Guerra, asegura el abagado del PA

Ángel Márquez, el juez que instruye el caso Juan Guerra, interrogó ayer a José María Ramos Reiná, socio de Juan Guerra en Fracosur, acerca de una carta interceptada por la Policía Judicial en la que una inmobiliaria, Estar 39, le ofrecía dinero si conseguía la recalificación de 360.000 metros cuadrados de suelo rústico situado en Santiago de Compostela. Antonio Mates, ahogado de Juan Guerra, anunció ayer que presentará un recurso contra la decisión del juez de interrogar a las alrededor de 600 personas que visitaron a Juan Guerra en el despacho oficial que tuvo en Andalucía.

El juez Márquez comunicó a Ramos Reina que comparecía como inculpado de cuatro presuntos delitos: falsedad de documentos, prevaricación, defraudación a Hacienda y cohecho.A preguntas de las partes personadas en el sumario, Ramos Reina reconoció al juez haber recibido una carta de Estar 39, en la que ésta dejaba entrever su disponibilidad a pagarle "una buena comisión" si su intermediación fructificaba, según indicó a los periodistas Emilio Lechuga, el abogado que representa al Partido Andalucista (PA) en su querella contra Juan Guerra.

Según Lechuga, Ramos Reina se mostró "muy evasivo" a las preguntas que le fueron formuladas respecto -a la carta, que fue interceptada por la Policía Judicial en un resgitro efectuado en Fracosur. Ramos Reina, que compareció ayer por segunda vez ante el juez Márquez, a petición del fiscal Alfredo Flores-, declinó hacer comentarios a la salida del juzgado.

José María Ramos Reina, asiduo visitante del despacho oficial que ocupó Juan Guerra en la Delegación del Gobierno en Andalucía, señaló aljuez Márquez que el hermano del vicepresidente era quien daba las instrucciones en Fracosur.

Estuarios y Calas del Mediterráneo, inmobiliaria que forma parte de la trama empresarial montada por Juan Guerra en Valencia, avaló a Fracosur un préstamo de 80 millones para la adquisición de la finca las Brujas, actual residencia en Sevilla de Juan Guerra.

Fracosur, además, adquirió en 1989 a la Empresa Nacional de Siderurgia (Ensídesa), participada al 100% por Instituto Nacional de Industria (INI), la finca La Carrascosa. Ensidesa vendió esta finca a Fracostir por unos 26 millones de pesetas, la mitad del precio en que había sido peritada en 1980 por una agencia de la propiedad.

Por otra parte, Antonio Mates, letrado de Juan Guerra, anunció ayer su intención de presentar un recurso de reforma contra la decisión de juez Márquez de llamar a declarar a las alrededor de 600 personas que, según fuentes de la investigación, visitaron al hermano del vicepresidente en el despacho oficial, así como a otras que no aparecen en el libro visitas pero que tuvieron algún tipo de contacto mercantil con Juan Guerra.

El objetivo del juez es conocer el motivo de la visita y si ésta fue registrada, ya que la Delegación del Gobierno ha informado que entre 1983 y 1989 (periodo en el que Juan Guerra ocupó el despacho) sólo hubo libro de visitas durante 18 meses.

Mates fundamentará su recurso de reforma en que "no se puede llamar a personas en abstracto, sin decirle sobre los que tendrán que declarar en concreto". A su juicio, primero es necesario establecer una acusación, porque lo contrario, dijo, supone establecer una presunción de culpabilidad. El juez Márquez interrogó también ayer a José María Nieto, representante de la inmobiliaria Prinisa, en relación con la venta a esta empresa, por parte del Ministerio de Defensa, de dos antiguos cuarteles militares, denominados Dosck y Maestranza, situados in la Puerta del Sol de Madrid. Antonio Guerra, medió en la operación.