Un pleno largo y denso

A lo largo de siete horas, los munícipes madrileños desgranaron un largo rosario de acuerdos de importancia en el pleno de comienzo de curso.
Tarifa del taxi. Se aprobó enviar a la Junta Provincial de Precios una propuesta de subida de las tarifas de los taxis de un 13%. La bajada de bandera pasará a costar 120 pesetas, cada kilómetro recorrido 55 y por cada hora de parada se cobrarán 1.225 pesetas.
El concejal socialista Eugenio Morales, anterior responsable del área de Circulación y Transportes, lamentó que no se hubiese aprovechado la subida de tarifas para implantar una modernización del sector del taxi (renovación de vehículos con aire acondicionado).
M-30. También recibió la sanción favorable de la corporación el convenio entre el Ayuntamiento y la. Dirección General de Tráfico (DGT) para la regulación de los accesos a la autovía M-30. La DGT aporta 4.998 millones de pesetas a este proyecto.
7.000 millones de inversión. Un paquete de 20 proyectos de inversión por un valor superior a los 7.000 millones de pesetas, 4.700 de los cuales se financiarán con cargo a los presupuestos municipales de 1991, suscitó una fuerte controversia entre el concejal de Hacienda, José Ignacio Echeverría, del PP, y su antecesor en el cargo, el socialista Alfredo Tejero, que fue apoyado en su voto negativo por Izquierda Unida.
El proyecto de invernadero en el parque del matadero de Arganzuela, la rehabilitación del Planetario o la reforma de la Casa de la Panadería, en la plaza Mayor, figuran entre las propuestas que sacó adelante en solitario el equipo de gobierno de centro-derecha.
Tejero calificó de "impresentable" la imputación de gastos aprobados este año al próximo ejercicio, en el que está previsto que se celebren elecciones municipales. El grupo socialista se reservó el derecho de recurrir a los tribunales contra esta decisión del pleno.
Cerro Belmonte. Al término de la sesión, el alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, invitó a la abogada de los vecinos del barrio de Cerro Belmonte, Esther Castellanos, a intervenir en el pleno. La letrada llamó la atención ante el "alarmante problema que representa la huelga de hambre iniciada por 59 ancianos del barrio".
Castellanos reiteró su petición de que se paralice la expropiación de las 120 viviendas. Cuando la abogada esperaba una respuesta por parte de algunos de los grupos municipales, el alcalde se limitó a levantar la sesión.
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