Francia concede la extradición del dirigente de ETA Txikierdi

Un tribunal de Limoges (centro de Francia) concedió ayer la extradición a España del dirigente de ETA Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, por su participación en los atentados contra los generales Fernando Esquivias y Luis Rosón, en 1980 y 1984, respectivamente. Esta es la segunda demanda de extradición del etarra que se concede, ya que en septiembre de 1989 un tribunal de Toulouse sentenció favorablemente una primera petición de la justicia española en relación con el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal.

La abogada Christianne Fandó anunció ayer tras la vista sobre la extradición de Isidro Garal de Mamarru, que tiene intención de recurrir la sentencia contra Txikierdi. El dirigente etarra fue juzgado el 11 de septiembre por la Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de Limoges, a pesar de que la defensa se retiró por no haber sido admitido un aplazamiento por no haberse previsto la presencia de un traductor de euskera. Lasa Mitxelena, de 35 años, fue detenido en febrero de 1985, tras el descubrimiento de un arsenal de armas de ETA en Anglet, y fue condenado a siete años de cárcel en 1986, de los que ha cumplido más de cinco.

Mamarru

Por otro lado, el Tribunal de Apelación de Douai anunció ayer que el próximo martes dictará sentencia sobre las tres demandas de extradición presentadas por el Gobierno español contra el presunto número tres de ETA, Isidro Garalde. Mamarru fue detenido el 12 de abril de este año, tres meses después de haber terminado una condena que le había sido impuesta en Francia, en 1985. Durante la vista, el fiscal pidió un fallo favorable para dos de las peticiones españolas y otro desfavorable "con reservas" para una tercera, en la que Garalde, de 39 años, era acusado de un "atentado terrorista que causó la muerte y heridas graves".

Las tres peticiones de extradición examinadas ayer corresponden a otros tantos sumarios abiertos en España tras las declaraciones del presunto etarra francés Henry Parot, detenido en la provincia de Sevilla cuando transportaba 300 kilos de explosivos. Según estas declaraciones, Garalde fue inductor de asesinatos y cooperador necesario en la realización de atentados en España.

El fiscal recordó que a pesar de haber sido cometidos con un indudable móvil político, los crímenes por los que era acusado Garalde eran "demasiado graves" como para poder ser considerados de carácter político. Las dos abogadas defensoras, Christiane Fandó y Mireille Glaymann, se opusieron a la concesión de las tres demandas de extradición por los atentados contra los generales Valenzuela y Esquivias, y contra un autobus militar.