El nuevo escenario económico

LOS DOS primeros indicadores económicos aparecidos desde el inicio del conflicto del golfo Pérsico, el índice de precios al consumo (IPC) y el paro registrado, ambos correspondientes al mes de agosto, recogen sólo parcialmente los efectos derivados del incremento en el precio del petróleo. En la tasa de crecimiento de los precios -el 0,4% durante el mes pasado (6,5% anual)-, únicamente el componente específico de energía (un 7% de la cesta constitutiva del IPC) ha recibido el impacto del aumento en el precio del petróleo. Ese comportamiento relativamente favorable de los precios se pone de manifiesto cuando se deducen de esa tasa los alimentos sin elaborar y la propia energía (de la que un 60% son combustibles), la denominada inflación subyacente, que registra en agosto un aumento del 0,2%, el menor desde junio de 1987, reduciendo su tasa interanual desde el 6,7% hasta el 6,5%.Nuevamente, la moderación la han impuesto los precios de los bienes industriales, contrastando con las tensiones alcistas de los precios de los servicios; en los que se pone más claramente de manifiesto las consecuencias de una menor concurrencia internacional y, en definitiva, la facilidad para trasladar a precios finales los incrementos de costes o la ampliación de los márgenes de beneficio de las empresas correspondientes.

El nuevo escenario creado por el encarecimiento del precio del crudo tampoco ha podido incidir -o en todo caso sólo marginalmente- en el número de parados, 11.500, registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo. La tasa de paro queda situada en el 15,2% de la población activa, aunque en relación con el mismo mes del año anterior existan 181.000 parados menos.

Será sólo en los próximos meses, y con ocasión de la aparición de esos y otros indicadores, cuando se podrá apreciar el grado de adecuación de las respuestas arbitradas por el Gobierno a los nuevos escenarios creados por la crisis del Golfo, que en absoluto han agotado su recorrido alcista. Las hipótesis de las que ha partido el Gobierno en el diseño del nuevo escenario macroeconómico para este año y el próximo no pueden considerarse catastrofistas. Anticipar un precio del barril comprendido entre 20 y 25 dólares para 1991 no es sino una estimación prudente.

Reducir la vulnerabilidad de nuestra economía ante esos nuevos precios del crudo equivale a neutralizar sus implicaciones inflacionistas Y sobre el déficit exterior. Tampoco puede cuestionarse que la mayor dependencia del petróleo de nuestro sistema productivo respecto a los de los países de nuestro entorno exige mayor severidad en las respuestas. Es en este contexto en el que hay que considerar como razonable el definitivo propósito de dotar de coherencia a la combinación de políticas monetaria y presupuestaria, asumiendo las limitaciones de aquéllas y el mayor rigor necesario para esta última. Las reducciones en el gasto público no son sino condiciones previas para generar el ahorro que esas nuevas transferencias de renta exigen.

El aspecto sin duda más sorprendente de esos nuevos escenarios es el ambicioso objetivo de inflación que establece el Gobierno para 1991. Incluso en ausencia de incrementos en el precio del crudo, un objetivo del 5,5% no puede por menos que considerarse voluntarista. Su significación en las nuevas circunstancias es tanto mayor cuanto que su consecución parece confiarse en gran medida a la contención de los salarios. La política de rentas que el Gobierno se propone concretar en el denominado "pacto de progreso", siendo necesaria, en absoluto puede partir de propósitos excesivamente voluntaristas o meramente disuasores del necesario clima de consenso que a partir de ahora requiere la actuación en tales escenarios.