Los GRAPO atentan contra tres centros públicos de Madrid

EL PAÍS Miembros de los GRAPO colocaron ayer tres bombas en los edificios de la Bolsa, el Ministerio de Economía y el Tribunal Constitucional, en Madrid. Los artefactos, de fabricación casera y compuestos de cloratita, causaron -lesiones leves a nueve personas y cuantiosos daños materiales. El Ministerio del Interior sospecha que la bomba en el alto tribunal fue colocada por la grapo María Jesús Romero Vega. Este departamento, que considera suficientes las medidas de seguridad, investigará cómo se produjeron los fallos que permitieron a los terroristas burlar los dispositivos de control y depurará eventuales responsabilidades. Tras las explosiones se registraron numerosas amenazas de bomba, lo que originó una cierta psicosis de inseguridad en numerosos centros.

La primera de las bombas hizo explosión poco después de las 11.30 horas en la Bolsa, cuando se estaba concluyendo la sesión pues ya se habían cerrado casi todas las cotizaciones. En ese momento se encontraban en el edificio unas 1.000 personas, que fueron desalojadas.Diez minutos antes, un hombre llamó a la Policía Municipal de Madrid y textualmente dijo: "Escuchen con atención. Hay dos bombas colocadas en la Bolsa. Lo comunica el GRAPO. Tienen 10 minutos para desalojar". Los agentes, que intentaron sin éxito retener la llamada para ganar tiempo, comunicaron la amenaza al Cuerpo Nacional de Policía. La Policía no avisó a la compañía encargada de la seguridad en la Bolsa, sino que envió un coche patrulla, que llegó después de la explosión.

El vicepresidente de la Bolsa, José Manuel Núñez Lagos, confirmó que nadie les alertó, lo que impidió desalojar el edificio antes del estallido, hecho por el que un representante de CC OO anunció que pedirá responsabilidades. El control de entrada de visitantes, a cargo de la firma Prosesa, carece de arco detector de metales y de pantalla de rayos x, y se limita al registro visual de las bolsas y carteras y anotar el carné de identidad. Los daños han sido evaluados en 80 millones de pesetas. La mayoría de los testigos coinciden en que de haberse producido la explosión en el parqué, se habría producido una matanza.

El artefacto estaba compuesto por una cantidad de entre 2 y 4 kilos de cloratita y fue abandonado en una pequeña pieza situada en la primera planta entre los ascensores. Se trata de una zona muy transitada por el público que acude a recibir información.

Un empleado dedicado al reparto interno de correspondencia manifestó que en la dependencia donde se produjo la explosión ningún trabajador del centro había depositado paquetes, ni había un depósito de correspondencia en las proximidades, lo que corrobora la sospecha de que fue un visitante quien se introdujo allí y situó al artefacto.

Terrorista en el aseo

Casi simultáneamente, se recibió en la centralita del Ministerio de Economía y Hacienda una llamada que anunció la explosión de una bomba en un plazo de diez minutos. Era una voz masculina, de tono seco, que dijo hablar en nombre de los GRAPO.

Las telefonistas informaron del aviso al subdirector general de Régimen Interior, José María Van den Brule, que no tuvo tiempo de ordenar por megafonía el desalojo del edificio, de 22 plantas. Tres minutos después, la bomba estallaba en un aseo masculino de la planta 11, ocupada por la dirección general de Transacciones Exteriores. En el edificio se encontraban en ese momento unas 2.000 personas, pero no se produjeron heridos. La planta sin embargo quedó en muy mal estado debido a que es una construcción diáfana dividida por mamparas.

La bomba compuesta por el mismo explosivo casero tenía un peso de kilo y medio.

"Se oyó un ruido muy fuerte y el edificio retumbó. Yo estaba en la planta 20 y el humo llegó hasta allí. Desalojamos inmediatamente, pero de forma tranquila", declaró la funcionaria Rosa Santo Tomás.

Poco antes de las doce otro artefacto similar hizo explosión en la sede del Tribunal Constitucional. En está ocasión no hubo llamada de aviso. Sin embargo, el explosivo fue detectado.

Una mujer de poco más de 30 años se colocó con otras personas en la cola que da acceso al registro de entrada. Casi inmediatamente alegó que necesitaba urgentemente ir a los aseos. Un ordenanza la acompañó hasta la puerta y observó, a su salida, que se había dejado dentro su bolso de mano, aproximadamente del tamaño de un folio. El ujier avisó a la policía y fue el jefe de Seguridad del Tribunal el que trasportó el bolso envuelto en una manta antiexplosiva, a la caseta de detección de objetos situada a la entrada del inmueble. El artefacto explotó antes de que llegaran los artificieros. En el edificio trabajaban unas 200 personas. El hecho de que el túnel de detección se encuentre cerca de la puerta y de los jardines que rodean el edificio redujo los efectos de la onda expansiva a la rotura de láminas acristaladas en el bajo y el primer piso.

Tres trabajadores resultaron con cortes de cristales rotos. El tribunal ha declarado inhábiles para la presentación de escritos los días 6, 7 y 8 de este mes. Un vídeo del equipo de seguridad del Tribunal grabó imágenes de la terrorista. Aunque las imágenes no son muy claras, la Policía sospecha de que pueda tratarse de la grapo María Jesús Romero.

Falló la seguridad

Los tres organismos en los que se produjeron las explosiones cuentan con servicios de control y vigilancia. La Bolsa tiene contratada a la empresa privada Prosesa, el Ministerio de Economía está vigilado por la Guardia Civil y la compañía de seguridad Protecsa, mientras que el Tribunal Constitucional, cuyas medidas de control son las más estrictas, está encomendado a miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Ayer, sin embargo, todos los dispositivos fallaron. A pesar de que en los tres organismos se controla la entrada de personas y se registran los paquetes, los terroristas entraron en los edificios y consiguieron dejar los explosivos en los servicios del Tribunal Constitucional y Economía, y en otra dependencia de la Bolsa. El Ministerio del Interior considera que las medidas de seguridad de los tres centros son suficientes, pero el problema está en cómo se han aplicado. "Es evidente que, se han producido fallos", dijo un portavoz oficial, "y por ello se ha instado a la Delegación del Gobierno en Madrid que abra una investigación que determinará dónde se produjeron y será la base para depurar las posibles responsabilidades".

Interior ha dado instrucciones de reforzar las medidas de vigilancia en edificios públicos.

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