IU acusará a los implicados en el 'caso Naseiro' de conspirar para el cohecho
Hoy comienza el plazo de 15 días dado por el magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, instructor del caso Naseiro, para que el fiscal y las acusaciones populares formulen sus escritos de conclusiones para el juicio oral. Izquierda Unida (IU) acusará a los políticos del PP Ángel Sanchis, Rosendo, Naseiro y Salvador Palop y al empresario José Balaguer de "conspiración para el cohecho". Unitat del Poble Valenciá (UPV) acusará a los tres primeros y solicitará el testimonio de los dirigentes del PP Manuel Fraga y José María Aznar en el juicio oral. El fiscal duda si acusará o pedirá el archivo de la causa.
A pesar de la "apatía acusadora" -según expresión de un magistrado del Supremo- demostrada por el fiscal, el instructor de la sala segunda de este alto tribunal decidió el pasado 31 de julio iniciar los trámites previos a la celebración del juicio oral, para lo que concedió al fiscal y a la acusación popular un plazo común de 15 días, que comienza hoy, a fin de que formulen sus escritos de conclusiones provisionales.Por el momento, las dos acusaciones populares han anunciado a este periódico su propósito de formular escritos acusatorios. Sin embargo, tanto Pere Mayor, diputado autonómico valenciano que encabeza la acusación popular de UPV, como Antonio Díaz -abogado de Pascual Molla, María Teresa Molares Mora, Dolores Pérez Martí, Gumersindo Pardo Peiró y Joan Ribó Canut, dirigentes de IU del País Valenciano- han hecho notar la penuria de medios con que cuentan, frente a la potencia económica de los implicados en el caso.
Los acusadores de IU han sido aceptados como parte el 22 de agosto último, un día después de que formalizasen la fianza de 50.000 pesetas exigida por la sala. Desde esa fecha, Díaz se ha dedicado a estudiar las actuaciones, que le permiten acusar de conspiración para el cohecho a Ángel Sanchis y Rosendo Naseiro -sucesivos secretarios nacionales de finanzas del PP-, Salvador Palop -concejal valenciano del PP y presidente de la comisión municipal de compras- y José Balaguer -presidente del grupo de empresas Electronic Trafic, SA (ETRA), dedicadas a la instalación eléctrica-.
Díaz va a solicitar nuevas diligencias para comprobar la implicación de Ángel Couso, gerente de ETRA; Javier Domínguez, arquitecto del Ayuntamiento de Cullera (Valencia); Manuel Romillo, consejero delegado de Dragados y Construcciones, y Carlos Bonet, delegado de la empresa Huarte en Valencia.
Las cintas, en el juicio
El abogado de IU pedirá que antes del juicio la policía valenciana confirme que las grabaciones de las conversaciones telefónicas no fueron manipuladas, así como que ingenieros de sonido verifiquen las voces que aparecen en ellas. Para el juicio, solicitará la audición de las cintas, prueba que durará, calcula el letrado, "sólo cinco o seis horas".
Por su parte, Mayor informó que UPV acusará de cohecho al menos a Sanchis, Naseiro y Palop, así como solicitará que Fraga y Aznar -sucesivos presidentes nacionales del PP- y María Isabel Díaz de la Lastra -portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante- presten testimonio en el juicio.
UPV ha pedido los movimientos de las cuentas de Palop en el Banco Hispano Americano desde el 1 de enero al 27 de julio de 1989, que no fueron remitidos cuando los solicitó el juez Luis Manglano, por encontrarse entonces el ordenador estropeado y no poder leer en la microficha los movimientos de la cuenta relativos a ese periodo, según la entidad.
En medios jurídicos existe expectación por conocer si el fiscal del caso, Juan Martín Casallo, sigue proyectando no acusar a ninguno de los implicados, decisión que, según fuentes de la fiscalía general, produciría una "situación delicada". En estas fuentes se recuerda el "juego jurídico" que está dando el llamado caso Guerra, a pesar de que Torres lo estimó en su día desprovisto de relevancia penal.
El archivo de la causa no está descartado
El hecho de que el magistrado instructor Luis Román Puerta no haya vinculado el escrito de los acusadores a Ángel Sanchis -diputado del PP cuya condición de aforado ha motivado que el Supremo conozca del caso Naseiro- ha sido evaluado por el fiscal y las defensas como positivo para una eventual solicitud de archivo de toda la causa que, de ser aceptada por la sala, cerraría el caso y, además, impediría que volviera a Valencia. Destacan que cuando el instructor denegó la nulidad de actuaciones sugirió al fiscal y a la acusación popular que, "a la hora de instar lo que estimen procedente", ponderen y no desconozcan "los fundados argumentos de los defensores" sobre irregularidades procesales".Por su parte, fuentes del Tribunal Supremo recuerdan que cuando Román Puerta denegó la nulidad de actuaciones, dejó claro que las irregularidades procesales denunciadas pueden producir "su nulidad autónoma, con reflejo en el derecho a la presunción de inocencia", alegable ante la sala al principio del juicio oral. Asimismo, estiman que la posibilidad de que los implicados se sienten en el banquillo dependerá de las acusaciones que se formulen y especialmente de la consistencia de la pública.
El instructor abrió la fase previa al juicio oral mediante providencia, resolución apta para la ordenación del proceso, pero que no entra en el fondo de la solicitud de archivo realizada por la defensa. Manuel Cobo del Rosal, catedrático de Derecho Penal abogado de Salvador Palop, estima que la denegación de la petición de archivo implica una resolución de fondo, que debería adoptar la forma de auto razonado. En consecuencia, ha impugnado la providencia. El recurso está pendiente ole resolución. Por su parte, la sala tiene pendiente de resolver la queja de este mismo letrado por la práctica de diligencias derivadas de las conversaciones telefónicas, en su criterio ilegalmente grabadas.
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