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Las familias presionan a los presos de ETA para que acepten la reinserción

Aurora Intxausti

Los presos de ETA se están viendo presionados por sus familias para que acepten las oportunidades que les ofrece el Gobierno para salir de la cárcel o para mejorar su situación penitenciaria. Esta situación, propiciada en gran medida por la dispersión llevada a cabo por el Ministerio de Justicia, ha abierto serias fisuras en el bloque compacto que formaban hasta hace poco los presos, sus familiares y sectores agrupados en las Gestoras pro Amnistía.

Las salidas individuales eran rechazadas de forma tajante por el entorno de los militantes de ETA encarcelados, -abogados, Gestoras pro amnistía-, y la propia dirección etarra. Ésta ha advertido reiteradamente que no va a admitir soluciones personales, sino la salida colectiva de la amnistía negociada. El asesinato de Dolores González Catarain "Yoyes", en septiembre de 1986, fue el recordatorio sangriento de esa posición.La dispersión de los presos por toda la geografía española, llevada a cabo en mayo de 1989 por la dirección general de Instituciones Penitenciarias, (ver EL PAÍS del domingo) rompió la estrategia de años de la dirección etarra y causó un gran impacto entre los reclusos y los grupos sociales y políticos que les asisten. Así lo puso de manifiesto el hecho de que todas las campañas posteriores de las Gestoras pro Amnistía tuvieran como tema central la reagrupación de los reclusos, denunciando la supuesta vulneración de sus derechos como persona y las dificultades de todo orden que la dispersión Implica para sus familiares.

Buscar una salida

Medios nacionalistas observan que la dispersión ha sido la gota que ha colmado la paciencia de muchas familias, lo que les habría llevado a presionar a sus allegados para que busquen una salida, "ahora que todavía se puede", y a romper el mensaje unilateral que de la realidad vasca llegaba a las cárceles con el siguiente argumento: "Ésto no es lo que era hace 10 años, y no merece la pena pudrirse ahí dentro a cambio de nada".La quiebra del que hasta hace poco era un movimiento compacto es reconocido por los propios afectados. Los presos y familiares más decididos han llegado incluso a sustituir a los abogados tradicionales, por lo general vinculados ideológicamente al abertzalismo radical, por otros, en algunos casos de ideología totalmente enfrentada, que pueden obtener la liberación, o en su defecto la mejora de la situación carcelaria del preso. "Quiero sacar a mi hijo de la cárcel" suele ser el encargo.

Dirigentes de las Gestoras pro Amnistía entienden que aceptar el régimen abierto supone para el preso despolitizarse. No obstente, añaden que todo aquello que revierta en beneficio del recluso es positivo, "siempre que no sea utilizado por el Gobierno como chantaje para el propio colectivo". Las gestoras manejan, según sus propias fuentes, más de 100 millones de pesetas anuales, que proceden de aportaciones. Este colectivo niega obtener dinero a través de "fuentes oscuras de financiación".

Cada preso recibe 10.000 pesetas mensuales de este organismo, que asume además los gastos del proceso judicial, pagando las minutas de los abogados y procuradores que se encargan de cada uno de los sumarios en los que esté incurso.

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Sobre la firma

Aurora Intxausti
Coordina la sección de Cultura de Madrid y escribe en EL PAÍS desde 1985. Cree que es difícil encontrar una ciudad más bonita que San Sebastián.

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