La posición española

POR PRIMERA vez, España tiene que asumir su responsabilidad en un gravísimo conflicto internacional desde su nueva posición de miembro de la Comunidad Europea y de la OTAN. Las decisiones tomadas por el Gobierno hasta ahora, que han merecido la aprobación de casi todos los partidos políticos, han colocado a nuestro país entre las naciones que, en Europa y en todo el mundo, han tomado posición contra la agresión de Sadam Husein y por el restablecimiento de la independencia y soberanía de Kuwait. España ha cumplido sus obligaciones como miembro de la ONU y adoptado las medidas oportunas para que el embargo decretado por el Consejo de Seguridad sea aplicado de manera estricta. Ha cumplido asimismo sus obligaciones como miembro de la OTAN, asumiendo el compromiso de defender a Turquía si es atacada. Y, a petición de Estados Unidos, ha dado facilidades para la utilización de las bases en relación a la iniciativa norteamericana de defender a Arabia Saudí de eventuales agresiones de Irak. Esta aceptación -que supone una interpretación muy flexible del tratado bilateral- ha sido acertada. Hemos testimoniado así nuestra solidaridad con EE UU en una tarea delicada, valorando sobre todo la importancia que tiene en estos momentos el apoyo militar a una Arabia Saudí amenazada.Ahora, ante la persistencia de Sadam Husein en una actitud agresiva y de desprecio al derecho internacional, cabe examinar si España debe tomar nuevas medidas para contribuir a la acción internacional decidida por las Naciones Unidas. A este respecto, sería absurdo hacer del eventual envío de una fragata española al Golfo una especie de prueba de nuestra solidaridad con el mundo occidental. Esa solidaridad ha quedado plenamente acreditada por el cumplimiento de los compromisos a que le obligaba su pertenencia a diversos organismos internacionales y su disposición a adquirir otros si así lo decidieran tales organismos en función de la evolución de los acontecimientos. Pero la decisión de si debe, además, adoptar por su cuenta otras medidas depende de un criterio político, que al Gobierno español cumple definir, sobre la mejor manera en que podemos contribuir, colaborando con nuestros amigos y aliados, al éxito del embargo, al aislamiento de Sadam Husein y al fracaso de sus planes agresivos.

En el Golfo se encuentran ahora navíos de diversos países. Todos cumplen un papel disuasorio en relación con Irak, si bien no todos tienen las mismas instrucciones de sus Gobiernos. Aunque las últimas iniciativas diplomáticas de Estados Unidos parecen indicar que aceptaría un mando conjunto bajo bandera de la ONU, continúa sin resolverse el problema de fondo. En concreto, EEUU y el Reino Unido consideran que pueden aplicar un bloqueo de Irak, es decir, una acción militar no prevista en la resolución aprobada por la ONU. Esta resolución se basa en el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas sobre sanciones económicas, y no en el 42, referente al bloqueo y a otras medidas militares. Por ello, varios países, entre ellos Francia, así como el secretario general de la ONU, Pérez de Cuéllar, consideran que no sería legal aplicar un bloqueo mientras dicho organismo internacional no haya aprobado una resolución específica al respecto.

Felipe González ha dejado claro que la posición española coincide con la del secretario general de la ONU. Conviene que se restablezca una interpretación común sobre las decisiones de la ONU, que, lógicamente, debe basarse en el criterio del secretario general, la persona responsable de velar por el cumplimiento de la Carta. Sería muy negativo que la existencia de discrepancias en la interpretación debilitase la extraordinaria unidad conseguida en la condena de Irak, y que constituye la baza fundamental para el éxito de la acción internacional emprendida.

En resumen, si se llega a la conclusión de que el bloqueo es necesario para que el embargo sea efectivo, será la ONU la que deberá decidirlo. En ese momento se planteará de manera nueva la conveniencia de que España, como otros miembros de la ONU, aporte su contribución a la ejecución del mismo. Pero de momento, tal como están ahora las cosas en el Golfo, es muy dudoso que el envío de un fragata española pudiese reportar beneficio alguno.

Por otra parte, el Consejo de la Unión de Europa Occidental (UEO) se va a reunir dentro de unos días en París, a solicitud de Bélgica y Holanda. Lógicamente, la situación del Golfo estará en el centro de la reunión. Es un marco adecuado para que los países miembros discutan sobre la crisis y adopten tal vez acuerdos conjuntos. Pero conviene que esté claro que España tomará parte en esa reunión con plena libertad de criterio sobre lo que debe hacer y sin ninguna obligación previa de aceptar las opiniones de otros miembros de la UEO. Se trata de una organización de defensa mutua para el caso de agresión a cualquiera de sus miembros, por lo que los países adheridos no están atados por compromiso alguno con vistas a situaciones como la planteada en el Golfo. De hecho, dos de sus miembros, Francia y el Reino Unido, han decidido por su cuenta, y sin necesidad de consultar a la UEO, el envío de unidades navales -y el segundo, tropas- a la zona. No siendo función de la Unión la coordinación de operaciones como la emprendida, España no está obligada a compartir decisiones que ese organismo pueda adoptar en relación con tales operaciones.

Como se dice con acierto en la resolución adoptada el 10 de agosto por la Comunidad Europea en Bruselas, es necesario prestar gran atención a los aspectos políticos de la crisis y estrechar, en estos momentos delicados, las relaciones entre los países europeos y el mundo árabe, al que corresponde un papel esencial en el restablecimiento del derecho internacional. La presidencia de la CE está haciendo un esfuerzo serio en ese sentido. La iniciativa del Gobierno francés de enviar delegaciones -que incluyen representantes de los partidos de oposición- a explicar la posición de su país a diversos Estados árabes es encomiable. España puede hacer una aportación valiosa en esa labor diplomática y política, tendente a demostrar al mundo árabe que las decisiones de la ONU no van dirigidas contra él, sino en su beneficio.