Garzón quiso detener a los asesinos de Muguruza antes de que atentaran contra el abogado Salas

El juez Baltasar Garzón decidió acelerar, en contra del criterio de la policía, la detención del grupo ultraderechista que presuntamente asesinó a Josu Muguruza, según han informado fuentes próximas a la investigación. La policía era partidaria de esperar a la maduración del atentado contra el abogado Fernando Salas para poder atrapar a los terroristas "con las manos en la masa", pero Garzón consideró esta operación demasiado arriesgada e innecesaria. El grupo desarticulado tenía en proyecto nuevas acciones violentas contra personas de HB, en un intento de acentuar la tensión en torno a las celebraciones de 1992.

Garzón rechazó el plan inicial para desencadenar las detenciones, que consistía en aguardar la colocación de una bomba en el automóvil del abogado Fernando Salas. Esta táctica, según la policía, ofrecía la ventaja de que permitiría atrapar en flagrante delito a los autores materiales de la instalación y facilitaría su interrogatorio Los ultras tenían ya preparado el explosivo, 300 gramos de exógeno plástico. Por cuestiones de seguridad, uno de los detenidos mantenía en su poder esta sustancia y otro distinto guardaba el detonador.Garzón rechazó la posibilidad de esperar y ordenó iniciar la operación policial para la captura de los sospechosos. El juez temía, según ha explicado, que un fallo en el dispositivo de vigilancia pudiera suponer algún riesgo para la vida del letrado, representante de la acción popular en el sumario de los GAL, y que la desarticulación del grupo se viera ensombrecida con un escándalo. Otro factor que pesó en la decisión del juez fue el temor a la dispersión de los sospechosos durante las vacaciones de agosto.

Línea de indagación

El juez no ha dado aún por terminadas las investigaciones y dispone de una línea de indagación complementaria de la que ha conducido a las ocho detenciones de Madrid, según han asegurado fuentes jurídicas. La existencia de nuevas derivaciones aún por aclarar en el asesinato del diputado de HB y en el funcionamiento del grupo desarticulado no es, sin embargo, la razón de que declarara secreto el sumario el pasado lunes.

El magistrado del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional ha querido eludir el posible amparo de los detenidos para guardar silencio en la militancia independentista del abogado de la acusación particular, Kepa Landa, o de su sustituto. La presencia de un abogado de HB durante los interrogatorios, según Garzón, podía haber servido a los principales implicados para buscar un enfrentamiento político con el letrado y negarse a contestar o introducir elementos de confusión en las respuestas.

El abogado Kepa Landa se encuentra de vacaciones en Turquía y ha sido sustituido provisionalmente por abogado de HB Txema Montero. En el sumario se encuentran personados como suplentes el senador de la misma coalición Iñigo Iruin, testigo presencial y víctima de los hechos del 20 de noviembre pasado en Madrid, y el abogado de las Gestoras Proamnistía Iñaki Goyoaga.

De las conversaciones de los detenidos grabadas por la policía e incorporadas al sumario se deduce que el grupo de Ynestrillas actuaba con una estrategia política rudimentaria pero definida. Su proyecto consistía en incrementar la tensión desestabilizadora hasta 1992, con ataques dirigidos contra ETA y contra los responsables de lo que consideraban abandono y desamparo de los policías procesados por su presunta pertenencia a los GAL. En el primer apartado inscribían los atentados contra personas de HB y en el segundo las agresiones a abogados que investigan a la organización terrorista anti ETA.

Actas de registro

Además de ordenar las detenciones, el juez ha dirigido minuciosamente algunas de las principales diligencias durante la operación policial, según ha señalado el abogado Txema Montero. El secretario del juzgado central número 5 levantó acta personalmente del registro practicado en algunos de los domicilios de los detenidos. Las actas de registros las levanta habitualmente la policía y por esta razón no revisten carácter de prueba hasta que el propietario o el acusado reconoce los objetos incautados.

Montero señaló que la actitud del juez al enviar al secretario a los registros domiciliarios es elogiable. "En mis años de profesión", dijo, "no he visto una actitud igual nunca y yo creo que es correcta y que debería generalizarse para dar más firmeza a las pruebas recogidas en los sumarios".

Montero señaló también que Garzón le ha adelantado su intención de que el sumario no permanezca paralizado durante las vacaciones de agosto. Aunque el juez abandona la actividad en el juzgado el próximo lunes, dirigirá una comunicación a su sustituto, Carlos Bueren, para que autorice y dirija las diligencias que estime oportunas en vez de reallizar sólo las de trámite obligado como es costumbre.