La justicia castrense abre cinco sumarios por irregularidades en la prisión militar de Alcalá

El Juzgado Togado Castrense Territorial número 14 de Madrid ha decretado la apertura de cinco sumarios, tras apreciar indicios de otros tantos delitos contra la hacienda militar en la prisión de Alcalá de Henares (Madrid), el más importante de los centros penitenciarios militares. La auditoría realizada por interventores del Ministerio de Defensa ha confirmado la existencia de "graves irregularidades" en la gestión de la cárcel, según fuentes próximas a dicho departamento.

Una de las anomalías descubiertas, que es objeto de sumario separado, se refiere a la existencia de un fondo P (particular) o contabilidad paralela de carácter ilegal. La investigación de este fondo alcanzará, según las fuentes consultadas, a los máximos responsables de la prisión, por lo que el juez territorial, que sólo puede procesar a oficiales con empleo inferior al de comandante, deberá inhibirse en favor del juzgado militar central.El Ministerio de Defensa no ha adoptado aún medidas disciplinarias o administrativas, pese a que la auditoría realizada por dos interventores del departamento, entre el 2 de febrero y el 27 de abril, ha evidenciado "graves irregularidades" en el funcionamiento de la prisión, que ya fueron denunciadas públicamente por la Oficina del Defensor del Soldado (ODS).

El pasado 1 de febrero, la ODS presentó un informe ante la Fiscalía General del Estado en el que acusaba a cinco mandos de la prisión (un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento y un cabo) de numerosos actos ilegales. Entre ellos, la existencia de una granja clandestina con 640 gallinas, cuidada por los soldados que cumplían el servicio militar en la cárcel; la creación de una empresa suministradora de alimentos por parte de los responsables de adquirirlos para el centro penitenciario; la utilización de los soldados para faenas en domicilios particulares de los mandos, a veces con traslados a cientos de kilómetros, y la ausencia de cualquier instrucción militar y el consumo excesivo de combustible a la vista de la infrautilización del parque móvil.

Sin sanciones

En medios militares sorprende que el Ministerio de Defensa mantenga al frente de la prisión al coronel José Medina Sierra, pues el gobernador difícilmente podía desconocer irregularidades tan notorias como la de la granja y, este desconocimiento, agregan dichos medios, tampoco le libraría de responsabilidad. Desde 1989, las prisiones militares dependen directamente de las autoridades del departamento.

El único mando removido hasta ahora del puesto ha sido el capitán Vicente Blázquez Motos, que el 21 de febrero cesó como jefe de la unidad de servicios de la prisión. Sin embargo, en opinión de fuentes próximas al mismo, su destitución no obedeció a la gestión de la cárcel sino a las declaraciones que hizo a un medio de comunicación. Como prueba de ello, alegan que el capitán estuvo poco tiempo en situación de disponible forzoso y ha sido asignado a la Escuela de Alta Montaña de Jaca (Huesca), destino que no puede considerarse un castigo. Su abogado, Eduardo Lalanda, no ha querido hacer declaraciones al respecto.

La investigación judicial tropieza con el problema de que muchos de los soldados afectados han concluido ya el servicio militar y han regresado a sus localidades de origen, en ocasiones muy alejadas de Madrid. La Oficina del Defensor del Soldado ha presentado la documentación para ejercer la acusación particular en la causa.

En sus dos últimas comparecencias parlamentarias, el secretario de Estado para la Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra, aseguró que el ministerio procedió al cierre y liquidación de la granja clandestina "en un tiempo récord".