Contra la 'mili'

LA NUEVA Ley del Servicio Militar, cuyo proyecto se debate actualmente en el seno de una ponencia parlamentaria del Congreso, corre el riesgo de quedar desfasada antes de nacer si sus redactores no toman buena nota de lo que realmente piensa la mayor parte de la juventud española sobre el tema. La encuesta realizada por el Ministerio de Defensa y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la juventud y la mili (véase EL PAÍS de 30 de julio) es reveladora al respecto: la inmensa mayoría de los jóvenes entre 16 y 24 años piensan que la realización del servicio militar les perjudica, constituye una experiencia desagradable, es costosa económicamente para las familias, no enseña nada útil para la vida civil y ni siquiera sirve para obtener una adecuada formación castrense.Una visión tan negativa del actual servicio militar es compatible, sin embargo, en un 59% de los jóvenes, con su predisposición a comprometerse personalmente en la defensa de España en caso de agresión, y con una valoración positiva -el 57%- de los servicios de tipo civil que las Fuerzas Armadas prestan a la comunidad; lo cual quita argumentos a quienes interesadamente identifican sin más antimilitarismo y rechazo de la milicia, y revela que existe una amplia base sobre la que articular de manera distinta a la actual el principio constitucional que establece "el derecho y deber de los españoles de defender a España".

De la capacidad de los gobernantes para captar este estado de opinión e integrarlo en las leyes depende que esta base persista y no se reduzca espectacularmente. La actitud generalizada de resistencia a la prestación del servicio militar -que la encuesta oficial avala al admitir que sólo el 15% de los jóvenes está a su favor- se manifiesta cada vez más en hechos tan significativos como la negativa de unos sesenta municipios vascos a cumplir con sus deberes de reclutamiento de los mozos, o, el aumento de los prófugos en Cataluña -un 10%-, con el riesgo de convertirse en desertores y asumir penas graves de prisión. Si a ello se añade la cicatería legal con que ha sido abordada la objeción de conciencia y el servicio social sustitutorio del servicio militar, y la media de suicidios, enfermedades y accidentes varios que soportan los jóvenes reclutas -superior a las estadísticas generales sobre esas edades-, se perfila un movimiento de deslegitimación del servicio militar obligatorio de difícil contención.

En todo caso, Gobierno y Parlamento tienen todavía en sus manos la posibilidad de disminuir el coste social de la actual milí (en pérdida de tiempo, dinero y vidas humanas) y de dar satisfacción con la nueva Ley del Servicio Militar al profundo anhelo de ver sustancialmente reducida una experiencia vital considerada mayoritariamente inútil y arriesgada.