La declaración de Campo Baeza no modificó las conclusiones de la comisión municipal

Las declaraciones del arquitecto Alberto Campo Baeza ante el titular del Juzgado de Instrucción número 30 en las que, según fuentes próximas al caso, denunció que el concejal del PP, Luis Álvarez, le había solicitado un 30% de sus honorarios sobre un proyecto de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) a cambio de mantenerle en la dirección de la obra, no han hecho variar las conclusiones definitivas de la comisión municipal que ha investigado el caso.

El presidente de la comisión, el concejal de Izquierda Unida, Franco González, aseguró, sin embargo, que, en su opinión, las conclusiones sí se han endurecido gracias a la inclusión de algunas de las propuestas de IU. "En concreto, en el caso de la rehabilitación de edificios, estudiado a raíz de la denuncia del constructor Christian Jiménez, la comisión ha aprobado que la dirección de la EMV y su consejo de administración deberán garantizar que la presencia de técnicos, gestores o arquitectos de la empresa, en las reuniones de las comunidades de propietarios, no supongan presión directa ni indirecta que pudiera condicionar su libre elección.

La comisión ha acordado asimismo que "sin perjuicio de estimar correctos los procedimientos seguidos hasta ahora por la EMV, se analicen y reconsideren, por si son suceptibles de modificación, en aras de una mayor transparencia, prestando especial atención a las incompatibilídades que puedan establecerse respecto a determinadas asistencias técnicas".

En el tema de la adjudicación de proyectos de obras, la comisión pide también que la EMV vele "por la mayor publicidad y concurrencia de la contratación sin que ello suponga merma de su capacidad de gestión".

Aparte de estas salvaguardas, la comisión ha declarado "no probada actuación irregular alguna de la EMV, en orden a la adjudicación de proyectos y obras bajo el anterior gobierno municipal ni durante el actual".

Inexistencia de maquinaciones

En sus conclusiones, los miembros de la comisión han declarado "Ia inexistencia de maquinación alguna de los grupos políticos municipales para alterar el correcto funcionamiento de la EMV", y han acordado iniciar las acciones judiciales que correspondan por posible delito de injurias o calumnias contra Ignacio Vicens, arquitecto que denunció públicamente un presunto delito de cohecho en el Ayuntamiento de Madrid.La comisión recomienda también querellarse por calumnia contra Christian Jiménez, constructor que denunció diversas irregularidades en el departamento de rehabilitación de la misma empresa municipal.