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Editorial:

Sectas y delito

LOS HECHOS demuestran una mayor sensibilidad de los poderes públicos ante el peligro que representan las actividades de diversas sectas en España. La reciente detención de 10 adeptos de la secta Niños de Dios bajo la acusación de secuestro de varios de los 22 menores que estaban en su poder, la conclusión del juicio contra los líderes del Centro Esotérico de Investigaciones (Ceis) a los seis años de la desarticulación de esta secta y el sumarlo abierto hace ahora un año contra la Iglesia de la Cienciología y sus asociaciones afines e instrumentales -entre ellas, Dianética, Narconón y Droganón- revelan, cuando menos, el empeño por perseguir el engaño. El hecho de que existan en estos momentos en torno al medio millón de seguidores, en su mayoría jóvenes, y que las sectas consideradas destructivas practiquen un proselitismo atosigante y capcioso hacen que el problema no pueda considerarse una cuestión menor.De los cientos de sectas existentes en España, unas 40 son consideradas, de acuerdo con una terminología consagrada, destructivas. Por tal se entiende a los grupos que, presentándose bajo el ropaje de asociación religiosa o religioso-cultural, persiguen de hecho el enriquecimiento, manipulando para tal fin la personalidad de sus miembros, en su mayoría psíquicamente inestables, descontentos consigo mismos o proclives al esoterismo o la religiosidad. Su actividad tiene, pues, poco que ver con el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad religiosa o ideológica y de libre asociación, y mucho con la comisión de prácticas mafiosas inmersas en la más pura realidad delictiva.

En el sumario abierto a los dirigentes en España de la Iglesia de la Cienciología, cuyo primer mandamiento se expresa en la pragmática fórmula de "hacer dinero", su actividad se resume en un rosario de delitos de tipo fiscal, contra la salud pública, falsificación, lesiones, contra la libertad y seguridad en el trabajo y coacciones y amenazas. En el juicio celebrado contra los líderes de Ceis han salido a relucir las prácticas habituales de esta secta: el intrusismo, por la necesidad de los acusados de presentarse como psicólogos para captar adeptos; la inducción a la prostitución como un sistema de conseguir ingresos, y la corrupción de menores con el fin de adiestrarlos para este tipo de prácticas. Es precisamente en la corrupción de menores en lo que parece centrarse la actividad fundamental de los Niños de Dios, con las previsibles secuelas de extorsión.

La dificultad principal para desentrañar el entramado delictivo en que se asienta este tipo de sectas estriba en su apariencia legal y en sus pretendidos fines religiosos, culturales, terapéuticos y humanitarios. La presentación fraudulenta de sus estatutos, formalmente adaptados a fines lícitos, no sólo les facilita la inscripción en los registros como entidades sin ánimo de lucro y de utilidad pública; les garantiza, sobre todo, la más absoluta inmunidad frente a los controles financieros y fiscales y las inspecciones de carácter laboral. Hace un año, el Congreso de los Diputados, a instancias de la comisión parlamentaria que estudió el fenómeno de las sectas en España, aprobó algunas medidas para hacer frente a estas tácticas de camuflaje. Pero no parece que se hayan plasmado hasta ahora en decisiones de carácter jurídico o administrativo.

No se trata, como muy bien aconseja el informe sobre nuevos movimientos religiosos elaborado por el Parlamento Europeo en 1984, de ¡legalizar las sectas (medida que rozaría peligrosamente las libertades de religión, de pensamiento y de palabra propias de un sistema democrático). Se trata de aplicar con rigor la legislación existente en materia laboral, penal y fiscal. Sólo así se pondría coto a su absorbente capacidad manipuladora sobre los individuos que captan para fines egoístas, y con frecuencia ilícitos, y se aliviaría la tragedia en la que están sumidas numerosas familias españolas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de julio de 1990