El Gobierno de Nicaragua amenaza a los huelguistas con el despido

El Gobierno nicaragüense declaró ayer ilegal la huelga iniciada hace 11 días en todo el país por los sindicatos de trabajadores estatales en demanda de mejoras salariales y de la revisión de la política económica del Ejecutivo, y amenazó con el despido de quienes mañana no se reincorporen al trabajo. Las negociaciones entre representantes de la presidenta, Violeta Chamorro, y de los sindicatos sandinistas quedaron rotas ayer al no alcanzarse un acuerdo.

El ministro nicaragüense de Trabajo, Francisco Rosales, manifestó que "por su intransigencia para negociar" y por la "agresión criminal" de que, dijo, fueron objeto altos funcionarios del Gobierno por parte de los huelguistas, éstos se colocaron al margen de la legalidad. Rosales agregó, en conferencia de Prensa, que el coche en que viajaban cuatro ministros, miembros de la comisión negociadora, fue atacado por manifestantes con piedras, adoquines y ladrillos de barro.Según Rosales, que calificó la huelga de "política, ilegal e inexistente", el Frente Nacional de Trabajo (FNT), que dirige la protesta y que cuenta con unos 260.000 afiliados, "es un instrumento de cambio que busca la toma del poder". El ministro acusó a los sindicalistas de negarse a discutir los cinco puntos propuestos por el Gobierno: un acuerdo sobre salarios, reclasificación de cargos, financiación de las empresas estatales, estabilidad laboral y pago de deudas a empresas del sector de la construcción.

Los ocho comandantes que forman la dirección del Frente Sandinista se reunieron ayer para estudiar la situación, poco después de la ruptura de las negociaciones que, según los sindicatos, promovió el Gobierno unilateralmente.

Huelga escalonada

Los organizadores de la huelga general, de aplicación escalonada, piden un salario mensual mínimo de 200 dólares (20.000 pesetas) y la derogación del decreto que permite la privatización de las tierras y empresas nacionalizadas por los sandinistas. También solicitan una investigación oficial sobre el paradero de los desaparecidos durante la guerra de ocho años entre el sandinismo y la Contra. El paro afecta a unos 85.000 trabajadores.