Entre dos fuegos

En el año 1991 estará preparada una segunda revisión de los valores catastrales de 10 millones de inmuebles urbanos en 500 municipios. El objetivo es acercar su valor al de mercado en un 70%, con efectos tributarios en 1991. Los ayuntamientos tienen, pues, hasta final de año para decidir si aumentan el impuesto sobre bienes inmuebles o si rebajan hasta la cuarta parte sus posibilidades recaudatorias. Todos estos cambios se producirán, precisamente, en un año en el que se tienen que realizar elecciones municipales.

La revisión de los valores catastrales, una tarea minuciosa en la que trabaja Hacienda desde el año 1984, ha empezado a dar resultados visibles, aunque desiguales. Desde entonces hasta ahora, el valor oficial de los inmuebles urbanos ha pasado de 15,8 billones de pesetas a 42,4 billones el pasado año.Sin embargo, todavía queda un camino por recorrer hasta situar el valor catastral de los inmuebles en el 70% de su precio de mercado.

Este objetivo se perseguirá este año en 500 municipios en una segunda revisión de los valores catastrales en unos diez millones de inmuebles, aproximadamente la mitad de los que actualmente se encuentran censados en España.

El problema básico ha surgido porque el Ministerio de Economía y Hacienda quiere que esta segunda revisión surta efectos tributarlos a partir de 1991. Los ayuntamientos tendrán que aplicar el impuesto sobre bienes inmuebles sobre bases imponibles superiores, y ello se producirá en un año de elecciones municipales.

La consecuencia es que, de esta forma, se puede hasta triplicar la presión fiscal por este tributo en el caso de que los ayuntamientos apuren al máximo sus posibilidades recaudatorias.

Los propios ayuntamientos intentaron un aplazamiento por un año. Sin embargo, la solicitud no surtido efecto alguno al no ser admitida por el Gobierno, tal como ha explicado el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell. La reforma fiscal en marcha exige, según Borrell, un catastro lo más actualizado posible, por su incidencia en una mayor recaudación por el impuesto sobre el patrimonio y la renta. En el IRPF, los contribuyentes tienen que declarar como ingresos el 2% del valor catastral de su vivienda, por lo que un incremento de este valor se traduce también en una mayor recaudación.

Decisión política

La decisión política está, pues, en manos de los ayuntamientos. Una modificación introducida a última hora en el decreto de Medidas Urgentes por el que se prorrogó el presupuesto del Estado del pasado año, permitió a los ayuntamientos rebajar hasta la cuarta parte el tipo del impuesto sobre bienes inmuebles establecido(0,4%). Esta posibilidad quedó limitada a los ayuntamientos en los que se hubiera producido la revisión de los valores catastrales.En estas circunstancias, los ayuntamientos quedan cogidos entre dos fuegos. Por una parte, 1991 será un año de elecciones municipales, por lo que muchos ayuntamientos no se inclinarán por perder votos por la vía de un aumento de los impuestos. Pero, por otra parte, el endeudamiento endémico que padecen las corporaciones locales puede hacerles caer en la tentación de sanear las arcas municipales por el camino más directo de subir los impuestos.

A pesar de ampliar la posibilidad de rebaja hasta cuatro veces -en la Ley de Haciendas Locales era sólo de la mitad-, el margen de los ayuntamientos para anular el impacto de la revisión de los valores catastrales, no parece muy amplio.

Todo ello porque los diez millones de viviendas que se terminarán de revisar durante el presente ejercicio pueden ver aumentar su valor catastral desde un 15% hasta un 70% de su precio de mercado.