El secretario del vicepresidente declara hoy ante el juez del 'caso Juan Guerra'

Rafael Delgado, secretario personal del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra; Tomás Azorín, ex delegado del Gobierno en Andalucía, y Antonio Guerra, hermano del vicepresidente, prestarán declaración hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Angel Márquez, el juez que instruye las diligencias del llamado caso Juan Guerra. El juez Márquez ha llamado a declarar a Delgado y a Azorín con el fin de aclarar quién autorizó a Juan Guerra a ocupar un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Juan Guerra dejó entrever al juez en su declaración que el permiso se lo dió el secretario particular de su hermano.Por otra parte, el juez Márquez va a estudiar si la compañía estatal Ensidesa infringió sus estatutos internos al vender a Fracosur, empresa participada por Juan Guerra, la finca denominada La Carrascosa, situada en el término de Guilleria (Sevilla). Esta finca, que ocupa una extensión de 50 hectáreas de terreno rústico, fue tasada en 1982 en 52,5 millones de pesetas y vendida posteriormente a la empresa Fracosur por la mitad de este precio. Para comprobar el valor real de esta finca, el juez Márquez ha solicitado oficialmente que se efectúe un nuevo peritaje.

Según fuentes judiciales que tienen acceso al sumario del caso Juan Guerra, las diligencias instruidas sobre la ocupación del despacho gubernamental están muy avanzadas y el juez tiene previsto desglosarlas de otros hechos presuntarnente delictivos que han aparecido en la investigación. Entre ellos destaca una trama empresarial tendente a eludir impuestos, en la que están ímplicadas algunas sociedades vinculadas a Juan Guerra, como la inmobiliaria El Corral de la Parra y HRT, S. A.

El juez Márquez. sospecha de que gran parte del dinero que utilizó HRT, S. A. (un 15% del capital de esta sociedad pertenece a El Corral de la Parra) para adquirir varios ininuebles en Sevilla tenía una procedencia ilícita. El juez ha llegado a esta conclusión tras escuchar una conversación telefónica entre Arturo López Villasana y José Luis Díaz, socios de la empresa HRT, S. A.. La grabación, que fue obtenida casualmente en una cafetería de Sevilla a propósito de la persecución de un delito de tráfico de droga, se encuentra en poder del juez Márquez.