La fiscalía rechazó una negociación propuesta por 19 traficantes de droga 'arrepentidos'

Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín, los arrepentidos que han colaborado en el descubrimiento de la supuesta mafia gallega del narcotráfico, no son los primeros españoles que piden un trato de favor a cambio de informar sobre este comercio ilícito. Otras 19 personas lo intentaron hace dos años, con la promesa de desvelar los puntos de entrada de droga en la cornisa mediterránea, principalmente de la Comunidad Valenciana. Esa posibilidad fue abortada por la fiscalía antidroga, que no encontró cobertura legal para una negociación semejante.

El grupo de traficantes estaba integrado por ocho almacenistas, y el resto eran distribuidores que surtían a más de un centenar de pequeños camellos. Muchos de ellos habían montado empresas legales con el dinero sucio, que pretendían conservar sin problemas fiscales, además de obtener garantías frente a las fuerzas de seguridad. Ninguno de ellos estaba procesado.En aquellos momentos, el Gobierno se encontraba dividido respecto a la figura del arrepentido, cuyos principales defensores estaban en las Fuerzas de Seguridad del Estado. En reuniones celebradas entre expertos, el Ministerio del Interior defendió la necesidad de premiar la delación, mientras el de Justicia se oponía a institucionalizar esa posibilidad. Como resultado del enfrentamiento, la última reforma parcial del Código Penal no incluyó esta figura para casos de narcotráfico.

Tampoco los jueces eran partidarios de ese sistema. Ésa fue una de las razones por las que la Audiencia Nacional denegó la extradición a los Estados Unidos de Jorge Luis Ochoa, uno de los jefes del cartel de Medellín, que estaba reclamado en aquel país por la introducción de tonelada y media de cocaína. Los jueces basaron su negativa, entre otros puntos, en el hecho de que el principal testigo de cargo contra Ochoa fuera uno de sus antiguos empleados, Adler B. Seal, que murió poco después en un atentado.

Dinero sucio

Los 19 traficantes antes mencionados no entraron en contacto directo con la fiscalía anti-droga -en aquella época dirigida por Enrique Abad-, sino a través del parlamentario Miguel Barceló, padre de una de las 234 personas que murieron en 1987 a causa de la heroína. Barceló lamenta la oportunidad perdida, pero se felicita del cambio en la actitud de jueces y fiscales.La prevención ha desaparecido en la investigación de las mafias gallegas, y de sus conexiones con el cartel de Medellín, no sólo porque hay un nuevo responsable de la fiscalía anti-droga, José Aparicio Calvo Rubio, y porque actúan jueces diferentes, sino a causa de la importancia de los arrepentidos en la lucha contra la Mafia italiana. A ello contribuye también la extensión alcanzada por el comercio de estas sustancias.

Medio millón de personas, por lo menos, consumen drogas en España de manera frecuente o habitual. Estimaciones realizadas por las Administraciones competentes fijan en 45.000 el número de heroinómanos, más de 100.000 cocainómanos y centenares de miles de consumidores de hachís. El tráfico de heroína, por si solo, puede situarse en torno a los 450 millones de pesetas diarios.

A ello hay que agregar el consumo de cocaína, más irregular pero con muchos adictos -se considera que afecta a 100.000 personas-, y centenares de miles de consumidores de hachís. No parece exagerado estimar el movimiento de dinero de la droga en cifras sin duda superiores a los 500 millones diarios, y quizá cercanas a los 1.000 millones: un volumen de negocio comparable al de la Compañía Iberia.