El 'capo' Miñanco huyó en noviembre al fracasar un operativo de la Guardia Civil

José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, el presunto capo cambadés que no pudo ser detenido durante la gran redada contra el narcotráfico del pasado martes 12 de junio, huyó de España en noviembre de 1989 tras fracasar una operación que la Guardia Civil tenía previsto llevar a cabo en Galicia. Dicha operación incluía una orden de detención contra el propio Miñanco. El plan fracasó porque el entonces juez de Villagarcía, Antonio Fraga, denegó las medidas necesarias para realizarlo.

La denegación del juez se debió, en un caso, a que las solicitudes correspondientes adolecían de algunas imprecisiones y, en otro, a que el contenido del plan había transcendido a los medios de comunicación hasta el punto de que, en opinión del juez, no podría ser cumplido eficazmente.Tanto la existencia de la orden de detención contra Sito Miñanco como el hecho de que este contrabandista se fue de España en noviembre de 1989 han sido comprobados por este diario en fuentes oficiales, que no dudan de que el capo cambadés tuvo información suficiente sobre lo que pudo haberle ocurrido. Con posterioridad a esas fechas, Sito, que ya había visitado Panamá a lo largo de los meses precedentes, regresó al menos en una ocasión a Cambados, pero desde que comenzó este año no ha vuelto a ser visto.

El plan de la Guardia Civil se enmarcaba en la llamada Operación Pontevedra y era básicamente ajeno a la investigación sobre el narcotráfico en Galicia iniciada por la Fiscalía Especial Antidroga y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, bajo el nombre en clave de Operación Rodríguez, que desembocó en la redada del pasado 12 de mayo. El plan de la Guardia Civil fracasó el 15 de noviembre, día en que el juez de Villagarcía denegó las actuaciones. No fue hasta dos días más tarde, el 17 de noviembre, cuando el fiscal antidroga presentó en la Audiencia Nacional la querella, inicialmente contra seis personas, que formalizaba el inicio de la Operación Rodríguez. Ricardo Portabales Rodríguez, el arrepentido que sirvió de base a esa investigación, había sido trasladado a Madrid pocos días antes.

Coordinación

La Operación Pontevedra es un intento iniciado formalmente en septiembre de 1989, que todavía continúa, de conseguir mejores resultados en la lucha contra las tramas del contrabando gallego, a base de incrementar la coordinación entre los principales cuerpos de seguridad implicados -Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Servicio de Vigilancia Aduanera-, cuyas relaciones han sido tradicionalmente problemáticas y, en ocasiones, francamente difíciles.

En ese contexto, se planteó un operativo que consistiría en registrar domicilios y oficinas relacionados con Sito Miñanco, en Cambados, y con Marcial Dorado Baúnde, en la Isla de Arousa. Marcial de la Isla es uno de los presuntos capos detenidos en la redada del 12 de mayo. El operativo, que sería realizado por la Guardia Civil, respondía al ambiente creado por un decreto, aprobado el 15 de septiembre de 1989, que prácticamente impedía la utilización de lanchas rápidas o planeadoras para el contrabando, y se planteada en vísperas del comienzo de la campaña para las elecciones autonómicas gallegas.

Incautación de documentos

Una acción similar, desarrollada el mes de julio anterior, sobre el domicilio y oficinas del presunto capo Laureano Oubiña había dado resultados interesantes, reflejados en la incautación de numerosos documentos, aunque no permitió, en aquel momento, formular cargos de narcotráfico.

Pero el plan del otoño de 1989 chocó con un imprevisto. El 18 de octubre, un periódico de Galicia publicó una información en la que se anunciaba "un inminente golpe gubernativo" contra los contrabandistas arosanos, con gran lujo de detalles. Entre matizaciones de "un alto cargo del Gobierno" y desmentidos parciales de "la Jefatura del Servicio Fiscal de la Guardia Civil", que ostenta desde hace 14 años el coronel Arsenio Ayuso, la información se hacía eco de que se preparaba "una gran operación de tipo fiscal", que presumiblemente incluiría la práctica de registros, e incluso fijaba el día D entre el 24 y el 25 de octubre.

La noticia, fechada en Madrid, causó consternación e incluso indignación entre algunos responsables de la represión del contrabando, que llegaron a señalar culpables. También influyó en el ánimo del entonces juez de Villagarcía, Antonio Fraga, quien, por auto del 15 de noviembre, denegó la autorización de registro de la casa de Marcial Dorado, con el razonamiento preciso de que las actuaciones previstas habían adquirido tal notoriedad en los medios de comunicación que no podrían ser eficaces. El mismo juez, actuando como sustituto del titular del Juzgado de Instrucción de Cambados, denegó los registros del domicilio y oficinas de Sito Miñarico, porque las peticiones incluían datos imprecisos y erróneos.

El problema de las filtraciones va, sin embargo, más allá de este incidente. La fuga más grave fue la de la primera declaración que Portabales prestó ante el juez de Pontevedra el 22 de agosto de 1989, y que fue publicada por un diario y un semanario madrileño dos meses después.

También llegó a la prensa la declaración de otro arrepentido, Manuel Fernández Padín, aunque en ese caso el principal perjudicado no tuvo que esperar a leer los periódicos. Melchor Charlín Pomares, acusado por este arrepentido de un asunto de heroína y buscado por el juez Garzón el pasado día 12, huyó a Chile en mayo. La declaración del arrepentido no trascendió a los periódicos hasta junio. Nadie duda de que los capos tienen sus canales de información propios.