"Reduciremos la duración de la 'mili' a nueve meses en 1992"

"El compromiso del Gobierno es hacer la reducción del servicio militar en esta legislatura. Lo que quiere decir: aprovechar ese plazo para encajar las piezas de forma que, al final de la legislatura, en 1993, el servicio militar dure ya nueve meses". Así se expresa Gustavo Suárez Pertierra, flamante secretario de Estado para la Administración Militar, para quien la promesa de reducir en una cuarta parte la duración de la mili no presenta la menor ambigüedad. Defensa prevé aprobar la nueva ley del servicio militar a finales de octubre o principios de noviembre, para hacer la reducción en 1992.

"Tenemos gran interés", agrega Suárez Pertierra, "en aprovechar los resultados de la ponencia constituida en la Comisión de Defensa del Congreso para llegar a un consenso lo más amplio posible sobre el servicio militar".Pregunta. ¿Cómo va a ponerse en práctica la reducción?

Respuesta. Creo que en otoño sabremos ya si la reducción se hace de una vez o gradualmente, pero en verdad que no hay mucho tiempo entre el momento en que la ley esté en vigor y el final de la legislatura. A poco que podamos, haremos la reducción de una sola vez en 1992, porque probablemente será más fácil. Debemos ver el grado de cobertura de las unidades y el despliegue, antes de tomar una decisión.

P. Si la reducción se hace de una vez, habrá simultáneamente jóvenes que estén cumpliendo 12 meses de mili y otros, nueve.

R. Efectivamente, y deberemos buscar una fórmula que resuelva ese problema. No parece razonable que a causa de la reducción termine antes el servicio militar quien lo empiece después.

P. ¿Es viable una reducción de la mili superior a tres meses o ése es un límite del Gobierno?

R. En las actuales condiciones, nueve meses

[de servicio militar] es el tiempo que parece más adecuado, porque es un tiempo sensiblemente reducido en relación con nuestro entorno, y a la vez suficiente para que se pueda producir una instrucción del personal de reemplazo y un aprovechamiento siquiera mínimo de esa instrucción. Una reducción sustancialmente mayor, como la que supondría una mili de tres fases, nos lleva en realidad a un cambio de modelo; pasaríamos de un ejército de recluta obligatoria a otro profesional.

Elegir el momento

P. El Gobierno asegura buscar el consenso, pero parece difícil que otros partidos, que han ofrecido al electorado un servicio militar, más corto, apoyen una ley que consagre los nueve meses.

R. Una cosa es la importancia del consenso y otra hacer dejación de la propia responsabilidad de gobernar. La ponencia parlamentaria puede trabajar en el modelo de Fuerzas Armadas del año 2000 sin que eso implique que no pueda aceptarse como lo más conveniente para España en este momento la reducción del servicio militar a nueve meses. Espero que el debate de la ponencia se desplace del tiempo de prestación a las condiciones de la misma. Eso es lo que más nos preocupa: que las condiciones sean las adecuadas, porque es indispensable para que la sociedad acepte su sistema de participación en la Defensa a través del servicio militar obligatorio.

P. ¿Se está replanteando la decisión tomada en 1984 de adelantar a los 19 años la incorporación a filas?

R. Adelantar o aplazar la edad de incorporación es un problema muy difícil, que produce efectos no queridos, como los excedentes de cupo masivos que tuvimos años atrás. Lo que estamos estudiando no es tanto un aplazamiento como la posibilidad de abrir la horquilla, de forma que pudiera decidirse, por ejemplo, entre los 18 y los 23 años, el momento de la incorporación. Un sistema de este tipo introduciría en el servicio militar una serie de elementos de voluntariedad que nos permitirían tener en cuenta tanto las aptitudes como las preferencias del joven. No obstante, mover el año de ingreso genera disfunciones y hay que ser muy cauto.

P. Varios ayuntamientos vascos se han negado a alistar a sus jóvenes. ¿No sería mejor que el propio ministerio los alistara?

R. En relación con el sistema anterior, la función de los ayuntamientos está muy simplificada. Su única misión es recibir las fichas

[de los mozos] y hacer una clasificación provisional. Quizá se podría simplificar más esta operación, pero lo que no me parece positivo es excluir a los ayuntamientos de las tareas de alistamiento cortar la única conexión de las Fuerzas Armadas con las instituciones más próximas a los ciudadanos.

P. Junto con la ley del servicio militar, deberá reformarse la de objeción de conciencia. ¿Admitirá el Ministerio de Defensa la objeción sobrevenida de los jóvenes ya incorporados a filas?

R. El rechazo a la objeción sobrevenida no es una postura del Ministerio de Defensa. Es un problema del Gobierno. Yo creo que el sistema no se va a modificar, porque está consolidado con pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Es cierto que algunos países admiten esta posibilidad, pero no la mayoría de los de nuestro entorno.

P. Finalmente, ¿qué opina su ministerio de la inminente salida en libertad condicional del ex teniente general Milans del Bosch?

R. El juez ha puesto en marcha e1 mecanismo de libertad condicional y nosotros acatamos su decisión. Pienso, además, que este asunto ha devido de ser un problema para la sociedad y, por ello, para las Fuerzas Armadas.