Apuesta progresista para gobernar a los jueces

Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece Clemente Auger, dedica su inmediato congreso, que se celebrará en Cáceres del 28 al 30 de junio, a elaborar una propuesta de política judicial y diseñar un programa para el próximo CGPJ. La ponencia que se anunciará hoy y sobre la que debatirán los jueces progresistas propugna que el CGPJ asuma "ante los ciudadanos", dice, "la responsabilidad sobre el funcionamiento efectivo del servicio judicial".El texto de Jueces para la Democracia pide que el CGPJ, en línea con los criterios del Tribunal Constitucional, "refleje el pluralismo existente tanto en el seno de la sociedad como, muy especialmente, en el seno del poder judicial", mediante la elección de "juristas representativos que gocen de la confianza mayoritarla de las Cámaras, sin limitarse a distribuir entre los partidos los puestos a cubrir, lo que lleva a indeseables consecuencias como la de que los posteriores acuerdos mayoritarios sean públicamente deslegitimados, mediante la adscripción de los votantes al partido que los nombró".Consejeros con 'cartera'

Jueces para la Democracia debatirá sobre la organización del CGPJ y la introducción de delegados individuales o carteras, de cada una de las cuales se encargaría un vocal con funciones ejecutivas y con un servicio administrativo de apoyo. Las carteras propuestas guardan relación con materias que se estiman "acuciantes", como inspección, formación y oficina judicial.

Respecto a la inspección, Jueces para la Democracia propone un funcionamiento descentralizado, desburocratizado y tende nte, más que a sancionar, a dotar de soluciones a los órganos judiciales inspeccionados. Para la cartera de formación y perfeccionamiento, se propone modificar el sistema de selección de los jueces, exigir al juez que haga prácticas, dotar a cada juzgado con el material mínimo para estar al día en cuanto a legislación y racionalizar las pruebas de promoción a magistrado y de especialización. También se propone una reorganización de la oficina judicial, para la que el vocal delegado actuaría conectado con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.