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COMUNICACIÓN

El Gobierno británico amenaza con aumentar el control sobre la prensa

La prensa británica tiene un año de plazo para poner su casa en orden si quiere evitar que el Gobierno imponga medidas draconianas. Un informe encargado por el Ejecutivo, publicado ayer y aceptado por el Ministerio del Interior, advierte que el ejercicio de la libertad de expresión conlleva responsabilidades, y recomienda la conversión en delito de las intrusiones en la vida privada. La prensa criticó con dureza las propuestas, que la Asociación de Directores Británicos definió como "un giro más de las clavijas contra este trabajo en el Reino Unido".

Las principales propuestas del informe elaborado por David Calcutt para el Gobierno son la creación del delito de intrusión, la constitución de una comisión que analice y sancione las protestas contra los excesos de la Prensa y, en última instancia y si este organismo es incapaz de imponer disciplina, la creación de un tribunal con poderes legales para hacer cumplir un estricto código de conducta.La libertad de expresión "conlleva responsabilidades, sobre todo cuando los que la ejercen tienen capacidad para afectar a las vidas de otras personas", dice Calcutt, quien apostilla: "El pasado de la Prensa en este área no ha sido siempre bueno". Los periódicos sensacionalistas británicos, en particular, son un continuo azote a los patrones de la profesionalidad, y no paran en barras a la hora de publicar en sus páginas mentiras puras y medias verdades como si fuesen hechos comprobados, y de inmiscuirse en la vida de las personas, anónimas o conocidas.

Nunca ha habido una época dorada de responsabilidad periodística, señala con aire tenebroso Calcutt, pero la guerra de las tiradas "puede que haya llevado a algunos directores de periódicos tabloides [los sensacionalistas en el Reino Unido] a sentir que hay que soltar las riendas". El principal objetivo que se marca Calcutt es garantizar el derecho a la vida privada de la gente de la calle e incluso de las personalidades públicas que "no deben entregar su derecho a la intimidad en todos los aspectos".

[DD] público

Hay, no obstante, diversos grados de derecho a esa intimidad y quienes reclaman un liderazgo social de orden político, religioso o moral "pueden ser sometidos a un escrutinio público más estrecho que el resto de los ciudadanos".Según las recomendaciones del informe, debería ser delito el tomar fotos de alguien en una propiedad privada y las víctimas de esa injerencia, además de llamar a la policía para que desaloje a los intrusos, podrían recurrir al juez para que impida la publicación de esas imágenes u otras informaciones obtenidas subrepticiamente, técnica que también se convierte en punible.

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