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Tribuna:

AURELIO ARTETA Desparpajo episcopal

Amortiguado el ruido de sables, vuelve el rumor de las casullas, un como golpear de báculos. El señor arzobispo de mi diócesis dijo el otro día, en un alarde de originalidad, que nunca en este país hubo tanta corrupción como bajo el Gobierno socialista. Por las mismas fechas, una comisión episcopal pronunció su vade retro contra el nuevo proyecto de ley de educación. Agradezcamos a nuestros patriarcas que, por una vez, hayan prescindido del estilo melifluo que se gastan para contentar a fieles e infieles. Y demos por sentado que la libertad de expresión (que ellos están bien lejos de permitir en sus dominios) ampara a todos, incluso a sus ilustrísimas. Aun así, parece justo y saludable poner a los obispos -civilmente hablando- en su sitio.Es ésta una tarea a la que la humanidad más sensata lleva siglos dedicada, a lo que se ve sin resultados notables. Hasta la misma clerecía llegó a proclamar no hace mucho "la autonomía de lo temporal", pero la doctrina no cuela, y menos desde que el espíritu sopla de Cracovia. Y es que la dificultad de estos prelados arranca de su doble ciudadanía. Si su reino fuera sólo del otro mundo no habría problemas; la complicación surge de que su cuerpo mortal, ay, les hace también habitantes de éste. Es normal entonces, como sucede a tantos creyentes, que confundan su documento de identidad, y a la hora de presentar el secular exhiban su certificado celestial. En tal caso se les reconviene fraternalmente y en paz. Pero que desde su condición de administradores del más allá los señores obispos se arroguen una autoridad -siquiera moral- en el más acá, eso sí que no. Monsergas de monseñor.

Los señores obispos tendrán autoridad en materia de fe, pero como tales no ostentan ninguna especial en materia de costumbres. Los señores obispos podrán ser maestros de moral católica (y eso mientras su grey les reconozca en cada caso una peculiar inspiración y resigne su propia conciencia a la de sus pastores), pero carecen de título particular que los habilite en problemas de moral general y ética civil. De tejas abajo, los príncipes de la Iglesia no disponen en estas y otras cuestiones de más autoridad que la de cualquier hijo de vecino: o sea, la de su propia capacidad racional. Afirmar otra cosa sería tanto como decir que Aristóteles, Spinoza o Kant, puesto que no llegaron a obispos ni mostraron particular vocación para ello, no pasaron de aprendices en el conocimiento moral. Lo cierto es más bien lo contrario: que precisamente el peso de la mitra suele inclinar a cometer en este punto gruesos errores. Uno de los más básicos sería el de hacer de la moral un mero apéndice de la religión revelada, y así no dejar espacio para una ética autónoma. Otro, el de separar moral y política de tal manera que esta división imposible destine a los ciudadanos comunes a ocuparse sólo de la práctica civil y adjudique a estos ciudadanos consagrados la misión de juzgar la conducta privada y pública del resto. Así que, por la presente y en nombre de los que no somos de la parroquia, solicito que los obispos nos dejen de "mirar desde arriba" (pues no otra es la misión del episcopo).

Adviértase, de paso, que esta presunción de los jerarcas se refleja a menudo en los modos civiles de sus fieles más arriscados. Estos benditos ponen el grito en el cielo (es un decir, porque suelen ponerlo bastante más cerca) cada vez que imaginan detectar la mínima irreverencia hacia sus creencias. Tan naturales consideran sus convicciones que ni alcanzan a sospechar la molestia que los demás soportamos ante su prédica o manifestación públicas. El asalto a nuestra intimidad -cuando no a nuestra cartera-, el agravio a nuestra inteligencia o sencillamente al buen gusto, no les produce el menor temblor. Al contrario, se escandalizan de nuestro mero existir. Se conoce que han olvidado la advertencia de su maestro de que serían ellos, y no nosotros, el motivo de escándalo...

Pero resulta que, junto a no serlo ya de derecho, tampoco de hecho constituyen hoy los obispos ni sus subordinados inmediatos una autoridad moral para la mayoría de los españoles. Oiga, ¿y acaso no es cierto que gran parte de nuestros conciudadanos sigue recurriendo, en los momentos claves de su existencia, a estos monopolizadores del sentido de la vida? Sin duda, pero sobran los indicios de que muchos los requieren no tanto por necesitarlos como por no haber aprendido aun a sustituirlos. Carente de expectativas sobrenaturales, hay gente que todavía no sabe festejar con naturalidad el nacimiento o la boda, acompañar al moribundo o despedir al difunto. Mientras lo aprenden, se reproduce solemnemente y como si nada pasara una mentira cotidiana: la de representar los gestos del rito cuando apenas se da ya crédito al mito

A fin de probarlo, bastaría con examinar los resultados del referéndum que Hacienda convoca cada año para pulsar nuestro ardor creyente desde el bolsillo. Tan decepcionantes resultan que el prelado de mi diócesis no tardó en insinuar que ahí había trampa. De seguir en vigor que "donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón", sin embargo, las enseñanzas que se desprenden son diáfanas. La primera, que la mayoría de los españoles no se muestra dispuesta a pagar un precio, por irrisorio que sea (y que de todos modos van a desembolsar), en favor de la salvación de su alma. Y ello -entre otros motivos- porque no cree en tal salvación o porque, aun aspirando a la vida eterna, desconfía que sea la Iglesia católica una agencia salvadora de suficiente garantía. La segunda es que tampoco desea cotizar por otros servicios más terrenales prestados por la Iglesia (asistenciales, sanitarios, educativos ... ). Pues debe de juzgar con razón que, o bien son servicios públicos, y su organización y cuidado debe correr a cargo del Estado, o son privados, y entonces han de ser sufragados por sus clientes.

Por uno y otro lado, en suma, se adelgaza la base social desde la que el poder eclesiástico persiste en reclamar para el presente sus pasados privilegios. ¿De dónde brota, por tanto (y por aludir a sus más feroces exabruptos), su airada pretensión de que la educación religiosa y la enseñanza privada sean financiadas con el dinero de todos? Es de temer que de los mismos manantiales tan poco sobrenaturales que Marx ya denunciara hace más de cien años: "La venerable Iglesia anglicana, por ejemplo, perdona de mejor grado que se nieguen 38 de sus 39 artículos de fe que el verse privado de un treinta y nueveavo de sus ingresos pecuniarios". Y es que hay cosas para las que no corre el tiempo.

Justo al revés, en definitiva, de lo que opinan sus ilustrísimas, una de las mayores dolencias de nuestra democracia es la de no ser aún lo bastante laica. Pues esta forma de gobierno, a riesgo de contradecirse, no puede reconocer para lo común otra autoridad que la procedente del laos (es decir, del pueblo) ni otros derechos y procedimientos que no sean los establecidos por él. Allá el pueblo escogido si acepta depositar la palabra de Dios en sus pastores; una comunidad que se precie de humana sólo aceptará el vox pópuli, vox Dei como lema. De modo que cada vez que concedemos alguna prerrogativa civil a quien la funda en razones de derecho divino cedemos parte de nuestro propio derecho y razón.

Por recordar estas evidencias, ¿como ha de importarnos ser tachados de rancio anticlericalismo? Vamos, hombre: simple réplica al más viejo y aún contemporáneo antilaicismo de los clérigos. Verbigracia, de los obispos. Tendría gracia que quienes se hacen llamar los ordinarios del lugar pasaran por los más listos del barrio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de junio de 1990