Inquietante moción

EN BASTANTES aspectos, los partidos nacionalistas con tradición democrática han desempeñado, por su vocación centrista, un apreciable papel como factor contrario a una polarización extrema de la vida política española. Sin embargo, en el caso concreto de los nacionalistas vascos, sus indudables convicciones democráticas se han visto en ocasiones empañadas por su componente populista, manifestado sobre todo en su tendencia a dramatizar de manera demagógica las divergencias con el poder central. Jugadores de ventaja, los nacionalistas han abusado con demasiada frecuencia del recurso al órdago cada vez que sus posiciones, respetables pero no indiscutibles, han sido contrariadas por las instituciones.La retirada de los parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de las Cortes en 1980 y la negativa expresa, en 1985, a aplicar la entonces vigente Ley de Régimen Local -en relación a un conflicto sobre secretarios de Ayuntamiento- son dos ejemplos de esa actitud. Más recientemente, una sentencia del Tribunal Constitucional no favorable a las expectativas nacionalistas -en relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial- ha dado ocasión a una sorprendente escalada de agonismo -el estatuto, herido de muerte- y amenazas de ruptura que han culminado con una absurda referencia a esa metáfora poética del pase foral. la ley se acata, pero no se cumple.

Lo peligroso de tales actitudes deriva del hecho de que se produzcan en un territorio marcado por la influencia de una minoría violenta que considera que la legalidad es una imposición arbitraria y que, por tanto, sólo obliga en la medida en que favorece las propias expectativas. Los nacionalistas democráticos han renunciado en este terreno a ese papel educador, pedagógico, que estaban obligados a desempeñar en defensa del principio de legalidad. La lealtad a los valores democráticos y al Estado de derecho, especialmente si se admite la prioridad del objetivo pacificador, implica anteponer el respeto a ese principio a cualquier consideración de interés partidista. Aunque sólo fuera para predicar con el ejemplo frente a quienes rechazan explícitamente las reglas del juego y combaten a las instituciones democráticas.

En los últimos tiempos, varios pequeños municipios vascos han aprobado mociones en las que, tras manifestar sus convicciones pacifistas y antimilitaristas, proclamaban su negativa formal a seguir realizando las tareas de alistamiento de los mozos que la ley atribuye a los ayuntamientos. Que entre los impulsores de tales resoluciones figuren representantes de la coalición que apoya las actividades de ETA Militar no es algo que a estas alturas deba sorprender a los conocedores de la doble moral del radicalismo abertzale. Pero que partidos democráticos se presten sin mayores escrúpulos a alentar o secundar tales iniciativas, y que las lleven a los plenos municipales de ciudades mayores como Vitoria o Bilbao, no sólo resulta sorprendente, sino inquietante.

El acatamiento del principio de legalidad no supone la eliminación de la disidencia. En una sociedad civilizada cabe la polémica sobre lo bien o mal fundado de determinadas normas y, por tanto, la aspiración a modificarlas por procedimientos pacíficos. En el límite, cabe incluso el recurso a la desobediencia civil como forma de presionar a favor de la modificación de la norma. Pero este derecho de los ciudadanos no puede atribuirse sin más a las instituciones. Éstas están obligadas a respetar y aplicar la ley, que es, por definición, igual para todos. Puede estar muy bien que Bilbao, por ejemplo, se declare "municipio antimilitarista y no violento", pero no que se atribuya la competencia de "no favorecer ni permitir la realización de la prestación social sustitutoria" de los objetores o la de suprimir el servicio municipal de quintas. Sobre todo, porque, frente a los elogios ingenuos de algunos, no es relativizando el imperio de la ley como en Euskadi se avanzará hacia la pacificación, por una parte, y el reforzamiento del Estado de derecho, por otra.