Una vieja aspiración

LA CREACIÓN de un organismo de participación de los interlocutores sociales en la formulación de la política socioeconómica del Gobierno -lo que ha dado en llamarse Consejo Económico y Social (CES)- es una vieja aspiración de los sindicatos, y figura como tal en la Plataforma Prioritaria de UGT y CC OO. También lo fue de los socialistas durante los primeros años de la transición, pero luego el asunto fue olvidado por más que siguiera figurando en los programas electorales. Ahora ha vuelto a plantearse en el marco de la segunda fase de la concertación. El Gobierno considera que algunas de las cuestiones a debatir en esta fase encontrarían su cauce adecuado en un organismo de ese tipo, y ha presentado un anteproyecto de decreto que ha sido recibido con reservas por los sindicatos, tanto en relación a las competencias que se le atribuyen como a su composición.El fundamento constitucional del CES se encuentra, de manera genérica, en el artículo 105 de la Constitución, que hace referencia al derecho de las organizaciones y asociaciones legales a ser oídas en relación a las disposiciones legales que las afecten, y, de manera más específica, en el artículo 131, en el que se razona sobre un organismo consultivo en el que participarían "los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas" a efectos de contribuir a la formulación de eventuales "proyectos de planificación económica". No puede hablarse, en todo caso, de mandato constitucional, ya que la obligatoriedad de su creación se condiciona expresamente al supuesto de un modelo planificado, lo que evidentemente no es el caso.

Desde posiciones liberales se argumenta que, no siendo obligatorio constituirlo, un consejo de ese tipo sería, además, superfluo: un nuevo aparato burocrático que sólo serviría para gravar el presupuesto y dar ocupación a unas decenas de personas. Y que, en aras de una especie de neocorporativismo, vaciaría aún más de contenido a las cámaras parlamentarias, cauce legítimo en el que debatir y elaborar las normas legales. Desde otros sectores se pone el acento en la dudosa utilidad de un organismo puramente consultivo que no podrá sustituir a la negociación clásica entre empresas y sindicatos ni dispensar al Gobierno de su responsabilidad en la determinación de la política económica del país.

Se trata, en principio, de objeciones dignas de consideración, sobre todo porque la amplia experiencia internacional indica la escasa operatividad de tales organismos en muchos casos. Especialmente cuando, como en el caso de Francia, se trata de organismos muy amplios (200 miembros) y con demasiadas funciones. Por el contrario, es cierto que en diversas circunstancias recientes de la vida española -como la huelga general de 1988- se ha echado en falta algún marco estable de representación de intereses que intentase una mediación institucional que evitase confrontaciones perjudiciales para todas las partes en conflicto. En general, la vida sociopolítica española se ve afectada por la falta de vertebración, por la debilidad de las asociaciones intermedias o, en todo caso, por su relativamente escasa incidencia en la determinación de las decisiones que afectan a la colectividad.

No es seguro que la existencia de un consejo como el propuesto sirva para resolver conflictos una vez estallados, pero en cambio es probable su utilidad para prevenir algunos, facilitando la transmisión hacia el Ejecutivo de las aspiraciones e inquietudes de las distintas fuerzas que conforman el tejido social: sindicatos, consumidores, empresarios, entre otras. Su agilidad dependerá en buena medida de que sus funciones no se amplíen hasta el infinito, convirtiéndola en una especie de tercera cámara, que reproduzca, sin la legitimidad de las otras dos, los mismos debates. Y de que a la hora de determinar su composición se halle un equilibrio entre el criterio de representatividad y el de flexibilidad y rapidez en el desempeño de su trabajo.