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El arzobispo de Santiago medió por los grapos ante Justicia y el nuncio

El arzobispo de Santiago de Compostela, Antonio María Rouco, presentó ayer al Ministerio de Justicia y al Nuncio del Vaticano en España, Mario Tagliaferri, las peticiones de los familiares de los presos de los GRAPO en huelga de hambre, que se centran fundamentalmente en su reagrupamiento.El arzobispo de Santiago se comprometió a realizar este intento de mediación tras entrevistarse, el pasado 3 de junio, con un grupo de familiares de los presos que ocuparon la catedral durante unas horas. La mediación en el Ministerio de Justicia no ha podido hacerse directamente con el ministro, Enrique Múgica, que se encuentra de viaje fuera de España, pero sí ante altas autoridades del departamento, según confirmó ayer el obispo auxiliar, Ricardo Blázquez, informa Xosé Hermida.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) se mantenía ayer a la espera de que Justicia muestre un signo de apertura al diálogo. La APDH anunció, el 7 de junio, que informará a las organizaciones internacionales a las que pertenece de la actitud de las autoridades ministeriales, que se han negado a que la asociación medie en el conflicto e incluso a que directivos de la asociación visitaran a los huelguistas.

Un portavoz del entorno familiar de los presos afirmó, por su parte, que, tras casi una semana del traslado a Madrid de José María Sánchez Casas, Francisco Brotons y José Balmón, se van esfumando las esperanzas de que dicho traslado pudiera interpretarse como un gesto de buena voluntad de Justicia para buscar una salida negociada a la huelga de hambre.

Fuentes del Ministerio de Justicia declararon ayer que la situación de los dirigentes de los GRAPO internados en el hospital Penitenciario no ha variado en estos días y que su salud permanece estacionaria.

Por otra parte, Juan Manuel Ruiz, abogado de los presos que el 24 de mayo hizo unas declaraciones justificando la muerte del médico de Zaragoza Juan Ramón Muñoz, ha sido llamado a comparecer el próximo día 18 a la Fiscalía General del Estado.

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