La mayoría del Tribunal Constitucional quiere reintegrar al Congreso a los diputados de HB

La mayoría de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional es favorable a dar validez a la promesa de acatamiento a la Constitución prestada el 4 de diciembre de 1989 en el Congreso de los Diputados por tres de los cuatro diputados electos de Herri Batasuna (HB). El presidente de la Cámara, Félix Pons, la invalidó por anteponer la expresión "Por imperativo legal". El pleno del alto tribunal inició la semana pasada su deliberación sobre el proyecto de sentencia favorable a conceder el amparo a HB, del que es ponente el vicepresidente, Francisco Rubio Llorente, y que se notificará probablemente después de las elecciones andaluzas.

Fuentes jurídicas aseguraron a este periódico que en la sesión plenaria celebrada la semana pasada por el alto tribunal, los magistrados comenzaron a deliberar con un elevado grado de consenso sobre el proyecto de sentencia preparado por Rubio Llorente y, sobre todo, "se observó que apenas existían problemas jurídicos para la concesión del amparo", según tales fuentes. La preocupación jurídica de algunos magistrados es hacer coherente el fallo favorable a los diputados de HB con la anterior sentencia del alto tribunal, que estimó constitucional la exigencia de un requisito reglamentario. En este sentido, es probable que se retoque el actual proyecto de sentencia.El derecho de los electores

Las mismas fuentes afirmaron que el planteamiento de fondo sustentado por Rubio Llorente es compartido por la gran mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, ya que el recurso de amparo dirigido por el abogado y senador electo de HB Íñigo Iruin invoca la propia doctrina del alto tribunal. Las alegaciones formuladas por Iruin durante la tramitación del recurso recogen un reciente argumento del Tribunal Constitucional, de 26 de marzo de 1990, según el cual "lo importante es preservar el derecho fundamental de participación ejercido por los electores a través de su voto, derecho que debe prevalecer frente a posibles irregularidades, siempre que éstas no hayan supuesto una modificación de la voluntad popular".

Los diputados de HB invocaron también los precedentes de juramento o promesa válidos de la Constitución por parte de parlamentarios que no se atuvieron a fórmulas rígidas. Así, recordaron las dos ocasiones en las que Txema Montero, de HB, utilizó la expresión "por imperativo legal"; el añadido por parte del también abertzale Carlos Garaikoetxea de una extensa frase en la que dejó constancia de "la reserva de mi propio partido", dijo, "ante el reconocimiento de los derechos del pueblo vasco en la Constitución"; las palabras "prometo acatar la Constitución", pronunciadas por el socialista Enrique Barón, y la fórmula heterodoxa utilizada por Enrique Múgica al tomar posesión ante el Rey de su cargo de ministro de Justicia: "Juro o prometo".

El estudio de las fórmulas de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, realizado por el ponente Rubio Llorente, ha llegado más lejos en el análisis de los procedimientos históricos de prestación de tal acatamiento. Con la ayuda de los letrados del alto tribunal, Rubio Llorente ha indagado los mecanismos de acatamiento de una Constitución como la de 1876 y ha comprobado que diputados como Emilio Castelar o el socialista Pablo Iglesias hacían compatible su obediencia a la Constitución con la explicitación de unas salvedades que iban más allá de la anteposición de las palabras por imperativo legal.

Sin embargo, el 4 de diciembre de 1989 el presidente del Congreso de los Diputados declaró que Jon Idígoras, Itziar Aizpurua y Angel Alcalde -que prometieron acatar la Constitución diciendo que lo hacían "por imperativo legal"- no adquirían la condición plena de diputados "al no haber utilizado la fórmula reglamentaria". El 27 de febrero último los tres diputados de HB recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso.

Perjuicios de los elegidos

El 29 de marzo, el pleno del alto tribunal, tras haber asumido el conocimiento del recurso que inicialmente correspondió a la sala segunda, denegó la suspensión de la decisión de Pons solicitada por los diputados electos de HB mientras se tramitaba el amparo. El alto tribunal declaró entonces: "La certeza y gravedad de los perjuicios que la prolongación de la situación ocasiona y la dignidad de que están investidos los recurrentes por el voto popular, sí obliga sin duda a este tribunal a reducir al máximo posible esos perjuicios, adelantando en cuanto sea compatible con la tramitación procesal y el sosiego de la deliberación, el momento de dictar sentencia, como tenemos el firme propósito de hacer".

Fuentes del Tribunal Constitucional confirmaron a EL PAÍS que la deliberación sobre el recurso de HB comenzó la semana pasada, si bien negaron que la firma de la sentencia sea inminente y dijeron desconocer el grado de acuerdo existente entre los magistrados. Tales fuentes calcularon que la sentencia " se conocerá este mismo mes de junio", mientras que fuentes oficiosas descartaron que se haga pública antes de las elecciones andaluzas del próximo día 23.