Beneficios bajo control

Gobierno y sindicatos han aceptado iniciar negociaciones sobre los fondos de inversión en medio de tina gran confusión. Las centrales, siguiendo el ejemplo nórdico, piden que se controlen los beneficios empresariales mediante una ley; al ministro de Trabajo parece gustarle el modelo británico y afirma que ya existen en España en forma de fondos de pensiones; el ministro de Economía persigue un consenso previo con la patronal; y los empresarios no quieren ni oír hablar de ellos o de cualquier vía que suponga "un control artificial de los beneficios empresariales", que sólo significaría "un puntapié adicional al funcionamiento de la economía de mercado".Los interlocutores sociales parecen resignados a que en España la puesta en marcha de los fondos de inversión requiera un proceso de debate tan crispado como en Suecia, donde llegó a durar 10 años. Para los sindicatos es el símbolo por excelencia de la política socialdemócrata y se han mostrado sorprendidos por las declaraciones del Ministro de Trabajo, el único miembro del Gobierno que se ha atrevido a concretar un modelo. Para Luis Martínez Noval, los fondos de inversión están funcionando ya en nuestro país y son los fondos de pensiones.

El dirigente ugetista Apolinar Rodríguez pensó que se trataba de "un error de transcripción del periodista". Como no lo es, interpreta que el ministro se refiere a la experiencia inglesa, pero aún así el sindicalista rebate que, "en la doctrina, está acuñado que se trata de sistemas alternativos".

Para Agustín Moreno (CC OO), la comparación entre los fondos de pensiones y los de inversión "no tiene ni pies ni cabeza ya que el objetivo de los fondos de inversión es controlar los superbeneficios". Otros técnicos del sindicato argumentan que la comparación es un tanto extraña porque los recursos de los fondos de pensiones se dirigen a cubrir complementos de jubilación y también es diferente el destino de las inversiones, dado que los fondos de los asalariados pretenden garantizar una inversión productiva.

Irreal e inviable

Las discrepancias de partida, sin embargo, no se refieren solamente al modelo, ya que en la reunión que mantuvieron los sindicatos y el Gobierno el pasado lunes, 4 de junio, el Ejecutivo aceptó debatir los fondos de inversión según el modelo nórdico, pero en opinión de las centrales plantea un debate "irreal e inviable" porque pone como condición el consenso previo con la CEOE. Solchaga luego matizó que deseaba "un acuerdo suficiente".

Los dirigentes de CC OO son conscientes de que se inicia ahora un diálogo muy dificil ya que en España no ha prosperado ningún intento para controlar los beneficios empresariales. ¿Será un debate de años?

En UGT se definen "forofos de los fondos", pero están muy preocupados después de la reunión del 4 de junio. La razón básica es que dudan que el Ejecutivo tenga voluntad política de ponerlos en marcha, más allá de las diferencias metodológicas o de que se traten en una mesa bipartita o tripartita.

La patronal CEOE no quiere ni oír hablar de los fondos de inversión o de cualquier vía que suponga "un control artificial de los beneficios empresariales", que sólo significaría, aseguran, "un puntapie adicional al funcionamiento de la economía de mercado en nuestro país".

A juicio de la CEOE, si el objetivo es la reinversión de la mayor parte de los beneficios, el método sólo puede ser el de "crear y mantener la confianza en el sistema económico español". Los fondos, aseguran, sólo irán a minar esa confianza y, como resultado, las posibilidades de que se mantengan tanto la inversión como el nivel de autofinanciación.

En opinión de los empresarios, si el objetivo del Gobierno es que continúe la demanda de inversión y que aumente el nivel de autofinanciación de las empresas, lo "mejor sería articular incentivos fiscales que, además de reorientar la inversión, mejoran las expectativas empresariales". La CEOE argumenta además que el ritmo de reinversión de beneficios ha sido muy elevado durante los últimos años, con lo que no sería necesario adoptar medidas adicionales. De cara al mercado único, además, los empresarios defienden que "lo que hace falta es, lejos de imponer controles externos a las decisiones individuales, mantener un clima favorable a la inversión".

Los sindicatos prevén que la reacción de CEOE sea aún más virulenta que la que ha tenido la patronal en contra del control de la contratación, porque ahora se trata de "tocar el sacrosanto beneficio", según Agustín Moreno. Por ello estima necesario que haya algún tipo de norma legal que le dé carácter imperativo. Dejarlo a la negociación con los empresarios es, en su criterio, renunciar a los fondos y a que no se instrumenten nunca en España. Ahí es donde considera esencial el papel que tome el Gobierno. "Si opta por una actitud políticamente de derechas y mantiene que no habrá ley sin el placer de CEOE, se carga toda posibilidad", añade.

Sin modelo

Las centrales tienen todavía que desarrollar su modelo. En la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) es el punto que tiene un texto más breve, apenas dos párrafos, cuando al resto se dedican varios folios. Textualmente se dice que las dos centrales sindicales proponen la constitución de fondos de inversión al amparo de una ley-marco. Una parte de los beneficios empresariales debería canalizarse como fondos adicionales y diferenciados hacia la creación de empleo. Dichos fondos se nutrirían del excedente que superase determinado nivel.

Esta norma, según la PSP, debiera ser elaborada necesariamente mediante negociación con los interlocutores sociales y debe recoger, con el ánimo de dotar a los fondos de la mayor homogeneidad y eficacia en la consecución del objetivo perseguido, el sistema de financiación de los mismos, su titularidad patrimonial, su gestión socialmente compartida, el destino de la inversión y el de los beneficios que la misma produzca, así como una articulación acorde con los fines colectivos a desarrollar.

UGT está preparando documentos, sobre todo análisis comparativos, algunos de ellos iniciados en 1987, cuando la central envió una carta al presidente del Gobierno, Felipe González, en la que le recordaban que, en reiteradas ocasiones había apoyado la conveniencia de poner en marcha fondos de inversión con una doble finalidad: cambiar el sentido en la distribución de la renta y que los beneficios empresariales se dirijan más a la inversión productiva que al consumo.

En esa carta, firmada por el líder ugetista, Nicolás Redondo, la central afirmaba que "la diferencia entre fórmulas de ahorro forzoso, propiciadas y, desde luego, gestionadas por los empresarios, y sistemas solidarios de inversión colectiva la ha marcado siempre la voluntad política de los gobiernos socialistas y socialdemócratas para llevarlos a efecto".

Apolinar Rodríguez asegura ahora que, mientras el resto de los puntos de la PSP podrían ser aceptados por un Gobierno con un mínimo talante progresista, los fondos de inversión son "el broche de oro de una política socialdemócrata y ello requiere voluntad política".

UGT no tiene aún una propuesta articulada ni ha resuelto qué parte de los beneficios se deben destinar. Acepta como punto de partida el criterio dominante entre los sindicatos europeos consistente en que las participaciones sobre los beneficios no deberían concentrarse a nivel de empresa para luego resituarse como capital-riesgo en la propia empresa, porque no desean ver que los trabajadores pierden a la vez su empleo y sus economías. En principio se inclina por fondos constituidos a nivel sectorial porque aseguran una distribución regional del capital y la creación de nuevos empleos.

Comisiones Obreras tan sólo tiene elaborados, de cara a una discusión interna previa, los primeros documentos técnicos. El gran debate que se debe abrir, según Agustín Moreno, consiste en definir la función social de los beneficios empresariales, en cumplimiento de los artículos 40 y 128 de la Constitución.

En el primero se dice que "los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo". El artículo 128 establece que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

Las centrales consideran una falacia demostrada que con sólo la generación de excedentes se genere inversión productiva y empleo, ya que el empleo creado es insuficiente y algunas inversiones han alimentado la especulación. Por ello, plantean la necesidad de crear instrumentos para que los excedentes generen tejido industrial.

Su criterio es que en España son más necesarios por la realidad social, dada la alta tasa de paro y las profundas desigualdades en el reparto de la riqueza.